Los vecinos que litigan contra el polémico aeropuerto de El Palomar denuncian que las aerolíneas Flybondi y Jetsmart desplegaron una “campaña mediática de fake news para tergiversar una resolución de la jueza Martina Forns”.
A pesar de reconocer que las mediciones de ruido ya superan el umbral máximo que la OMS establece como tolerable para la salud de las personas, la jueza Martina Forns todavía no ordenó la clausura de los vuelos comerciales en El Palomar, sino que supeditó dicha decisión a futuros estudios técnicos.
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Sin embargo, las únicas dos aerolíneas que utilizan el lugar como aeropuerto comercial, Flybondi y Jetsmart, ambas vinculadas al macrismo, son denunciadas por generar una campaña mediática para tergiversar lo sucedido.
De este modo, acusan a las compañías aéreas de instalar mediáticamente la idea de que la jueza habría dictado una sentencia definitiva sobre el fondo del conflicto juzgando que los vuelos comerciales no generarían contaminación sonora sobre la población que rodea la pista militar de El Palomar. “Algo totalmente opuesto a lo que realmente sucedió”, señalaron
De la lectura completa de la resolución de Forns, surge que lejos de ser un fallo sobre el fondo del conflicto, se trata de una resolución transitoria, ya que en derecho las medidas cautelares “no causan estado”. Es decir, pueden volver a plantearse nuevamente en el corto plazo.
La magistrada admite en su resolución que la actividad aeronáutica comercial en El Palomar viola y excede los estándares máximos que el organismo internacional de la salud estableció en sus Directrices de Ruido de 1999 (55 dBA Diurno) e incluso transgrede el límite máximo que la OMS dispuso en 2018 (45 dB Diurno).
Sin embargo, no ordenó el cese de vuelos comerciales ateniéndose a pretextos “muy débiles y difíciles de justificar”, consideraron los vecinos. Esto es porque, aunque reconoce que los vuelos de Flybondi y Jetsmart superan el máximo que admite la OMS, argumenta que no es un “hecho nuevo” ya que anteriormente se habrían registrado otros valores violatorios de la normativa establecida por el Organización Mundial de la Salud.
La jueza trató de “justificar la existencia de un hecho ilegal en que anteriormente se habría registrado otro hecho ilegal similar, y bajo ese razonamiento concluye que entonces no debe tomar ninguna medida para que disminuyan los ruidos que afectan la salud de los vecinos del oeste del conurbano bonaerense”.
El otro polémico eje en el que Forns se basó para intentar justificar su decisión de no ordenar la clausura del aeropuerto El Palomar, fue la de argumentar que las mediciones de ruido fueron realizadas por el concesionario Aeropuertos Argentina 2000. De esta manera, señaló que es una de las partes y que por ende no es imparcial.
No obstante, lo llamativo es que por un lado el hecho de que Aeropuertos Argentina 2000 fue quien efectuó las mediciones sonoras hace que los resultados de las mismas sean aún más valederos que si las hubiera realizado un tercero. Es que AA 2000, según detallaron los vecinos en litigio, está demandada en la causa de amparo ambiental, razón por la cual esos resultados constituyen lo que en derecho se denomina un “allanamiento”, ya que no hay lugar a cuestionamientos ni interpretaciones al ser la misma parte demandada la que admite los hechos por los que está siendo juzgada. A su vez, se suma que la funcionaria judicial fue la que encargo esas mediciones que ahora desconoce.
Los vecinos también recordaron que “no debe olvidarse que fue la propia jueza Forns quien dictó un polémico fallo en forma repentina el 1 de febrero de 2018 permitiendo el inicio de vuelos de Flybondi desde la Base Militar El Palomar”. La decisión fue duramente criticada (Nora Cortiñas le pidió el juicio político a la magistrada) y calificada como “a la medida de los intereses de Flybondi” (incluso el diario Página 12 tituló en una recordada nota “Una jueza con ganas de volar”). Esto es porque la aerolínea vinculada al macrismo tenía programado el primer vuelo desde el oeste del conurbano bonaerense tan solo una semana después, el 9 de febrero, algo que pudo lograr gracias a ese controvertido veredicto.
Acto seguido de emitir el polémico fallo a favor de Flybondi, Forns se fue de vacaciones y los vecinos no pudieron apelar. Entonces, empezaron los vuelos comerciales y posteriormente la magistrada extendió su periodo de descanso para volver a trabajar tras seis meses de receso.
En dicho fallo, la jueza federal de San Martín obvió lo exigido por la Ley General del Ambiente Nº 25.675 y en cambio avaló el inicio de los vuelos comerciales en el predio militar limitándose a pedir mediciones de ruido para monitorear el impacto acústico en la población de la zona. No obstante, esto no es lo que establece la normativa que exige el cumplimiento- en forma previa al inicio de cualquier actividad- del Procedimiento de Evaluación Ambiental y de la Declaración de Impacto Ambiental.
Bajo la instrucción de Forns la causa de amparo ambiental acumula irregularidades que siempre beneficiaron los intereses de Flybondi y Jetsmart en perjuicio de los vecinos damnificados. Así fue que la Corte Suprema de Justicia de la Nación, hizo lugar al planteo de los vecinos y decidió intervenir en el expediente judicial, tras constatar los groseros hechos cometidos por la magistrada.
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