La jueza federal, Martina Forns, finalmente volvió a sus funciones para retomar la causa judicial que pesa sobre Flybondi luego de pasar seis meses de vacaciones. Se trata de quien el 1 de febrero autorizó de manera polémica los vuelos de la low cost desde la base militar de El Palomar. Los vecinos de cinco municipios habían presentado un amparo ambiental para evitar que la empresa realice viajes debido a las graves consecuencias que genera para el ambiente.
Tras su controvertido fallo, la magistrada comenzó su descanso en forma anticipada y dejó el juzgado por el receso estival durante medio año. Ahora, según trascendió, estaría por cerrar el proceso judicial en favor de los intereses del gobierno nacional y de la firma. De este modo, se sumaría un nuevo escándalo en una historia en la que miles de habitantes padecen las consecuencias cotidianamente.
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Desde el entorno al ámbito judicial en el Juzgado Federal Nº 2 de San Martín, creen que la causa de la ausencia laboral prolongada fue por una “tendinitis en el brazo por las firmas que debe hacer con su birome en las causas a su cargo”. Sin embargo, otras versiones sostienen que habría sido parte del “acuerdo” que la autoridad tendría con el Poder Ejecutivo como condición para aprobar el inicio de los vuelos desde El Palomar y, de esta manera, quedar lejos de la exposición mediática.
Jueza Federal, Martina Forns.
Esta situación profundizó los rumores de que el último elemento del “pacto” que tendría con el oficialismo sería dictar el cierre de la causa del amparo ambiental iniciado por los vecinos de los cinco municipios damnificados. En ese aspecto, el Ministerio de Transporte solicitó que se emita un fallo para ordenar lo que se denomina como “caducidad de instancia”.
En términos “técnicos”, esta decisión solo puede tomarse en casos en los cuales durante tres meses la parte demandante no impulsa la causa. De todos modos, de las fojas del caso surge que no es así ya que hubo una gran cantidad de presentaciones e impulsos a la causa por parte de los vecinos perjudicados. Aun así, los trascendidos indican que Forns en lugar de rechazar in limine el pedido por improcedente, permitiría que el mismo siga su curso.
En todo el proceso se han detectado varias irregularidades bajo la instrucción de la cuestionada jueza. Una de las más importantes es que los informes ambientales –que no constituyen el Procedimiento de Evaluación Ambiental exigido por la Ley General del Ambiente- fueron realizados por un licenciado con matrícula “falsificada e inexistente”, llamado Pablo Cesar Durán. Como agravante, es empleado de Aeropuertos Argentina 2000, por ende existe un conflicto de intereses, ya que los principales beneficiados fueron ese operador privado y Flybondi.
En este marco, las novedades en la causa sucederán pronto mientras el funcionamiento del aeropuerto es rechazado masivamente por los vecinos de Hurlingham, Morón, Tres de Febrero, La Matanza y San Martín por la contaminación y daños que sufren. A su vez, pesan otras denuncias en las cuáles funcionarios del presidente, Mauricio Macri, se ven involucrados por la destrucción de un Sitio de la Memoria en la base militar, lugar donde se realizaban los vuelos de la muerte durante la última dictadura.
La eventual decisión de Forns de cerrar la causa, a pesar de las irregularidades que la misma ha tenido, tiene en vilo a la comunidad. De hecho, durante la marcha vecinal realizada en la puerta de la Base de El Palomar en febrero para repudiar su fallo, la referente en derechos humanos, Nora Cortiñas, exigió el juicio político a la Jueza de San Martín por el controvertido fallo a favor de Flybondi.
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