El mercado inmobiliario en Argentina atraviesa una crisis que deja a un sector considerable de la población al borde de la exclusión. La pérdida de poder adquisitivo de los salarios, sumada a una liberalización casi total del mercado, generó una situación insostenible para miles de inquilinos. De acuerdo con la Encuesta Nacional Inquilina de marzo realizada por Inquilinos Agrupados, “el 30% de los inquilinos tuvo que dejar la vivienda por los aumentos”.
El estudio señala que, de los contratos de alquiler firmados en 2024, el 65,5% se formalizaron a partir del 1° de enero. Asimismo, el 29,8% de los hogares encuestados tuvo que mudarse debido a la imposibilidad de afrontar el precio del alquiler. “El 88% de los inquilinos considera que tendrá dificultades para pagar el alquiler en los próximos meses“, resalta el informe, mostrando una tendencia preocupante hacia la precarización del mercado.
Los datos obtenidos reflejan una situación de sobreendeudamiento y alta movilidad forzada. Un claro indicador de esto es que el 10% de los inquilinos con menor esfuerzo económico destina hasta el 20% de su salario al alquiler, mientras que el 10% con mayor carga económica destina más del 60% de sus ingresos a cubrir este gasto. Este último grupo, el 20% superior de los inquilinos (D8 en adelante), es el más vulnerable, ya que destina más del 55% de su salario al alquiler. En cuanto a los motivos de mudanza, el informe señala que el 30% de los encuestados indicó que se mudó por no poder pagar el alquiler.
El impacto en las nuevas generaciones
El relevamiento también pone de manifiesto que los jóvenes de entre 25 y 34 años son el grupo más afectado por esta crisis, con un 34,8% de ellos indicando que se vieron obligados a mudarse. Además, un 59,1% de los inquilinos más afectados son mujeres, lo que sugiere que la situación tiene una dimensión de género particularmente significativa. La situación laboral más frecuente entre los inquilinos es la de monotributistas, trabajadores informales o aquellos con empleos sin estabilidad.
Desde enero de 2024, los precios de los alquileres han aumentado significativamente. En CABA, un departamento de un ambiente cuesta alrededor de $398.362, un dos ambientes se alquila por $445.934 y un tres ambientes alcanza los $606.669. En la provincia de Buenos Aires, los precios son algo menores: $233.200 por un ambiente, $321.930 por dos ambientes y $409.826 por tres ambientes. En cuanto a los plazos de los contratos, el 66,5% de los mismos se firman por dos años, mientras que un 18,6% es por un año y un 5,5% por menos de seis meses. El 80% de los contratos tiene ajustes mensuales, trimestrales o cuatrimestrales.
El informe también revela que la situación laboral de los inquilinos es crítica: el 35,3% está buscando trabajo, el 9,2% está desempleado, el 27,7% tiene un familiar que perdió su empleo y el 66,8% está preocupado por la cantidad de horas que trabaja. Esta situación económica ha derivado en que el 64,6% de los inquilinos acumule deudas, siendo las principales causas las tarjetas de crédito (51,2%), los alimentos (38%) y el alquiler (30%).
Con la mira en septiembre, Kicillof y Massa llaman a “sumar fuerzas” para frenar el ajuste de Milei
Kicillof y Massa compartieron el mismo lema de campaña: “Sumar fuerzas”. La consigna apunta a frenar el ajuste de Milei y mostrar un peronismo unificado en la provincia de Buenos Aires.
Ante este panorama, el 87,4% de los encuestados se mostró en desacuerdo con la afirmación de que “el mercado se regula solo”, mientras que un 76,8% consideró que “el Estado debe regular el precio del alquiler”. Además, un 56,5% de los inquilinos apoyó la idea de limitar la cantidad de viviendas que una persona o empresa puede poseer, y un 83,4% estuvo de acuerdo con prohibir las viviendas ociosas por más de tres meses.
En resumen, los datos recabados en la Encuesta Nacional Inquilina subrayan una situación de creciente precarización en el mercado de alquileres, que afecta a miles de familias en todo el país. La intervención estatal, según el consenso generalizado, se perfila como una necesidad urgente para frenar los abusos y garantizar el acceso a la vivienda.
