El bloque de Juntos por el Cambio de San Nicolás (oficialismo), aprobó la suspensión preventiva de la banca del concejal y delegado regional de Camioneros y de la CGT, Maximiliano Cabaleyro, acusado por el bloqueo y la “extorsión” contra una empresa de alimentos de San Pedro.
Cabaleyro, quien tiene prisión domiciliaria, está de licencia en el cargo luego de ser imputado por la Justicia, algo que desde el Frente de Todos calificaron como “un grave ataque al derecho a la protesta gremial”. En su lugar asumirá María Eugenia Barba.
TE PUEDE INTERESAR
“Me parece un mamarracho lo que estamos haciendo hoy. No hay otra explicación que no sea electoral. Hablar de esto solo para aparecer en la tapa de un diario”, afirmó la presidenta del bloque del Frente de Todos, Cecilia Comerio, durante la sesión del Concejo.
Mar del Plata: Montenegro definió la lista de concejales e incluyó al último candidato a intendente de los libertarios
El PRO se aseguró los dos primeros lugares de la nómina local e incluyó a referentes libertarios y aliados en el armado.
En esa línea, cuestionói al bloque oficialista al preguntarles si “¿No les preocupa la inseguridad, la salud, la educación? ¿Qué proyecto presentaron hoy para cambiarle la vida a las y los nicoleños? Reflexionemos, estamos a tiempo”.
¿Qué pasó con el concejal suspendido en San Nicolás?
El pasado 17 de mayo, la Justicia de San Nicolás definió la situación procesal de los dos dirigentes del gremio de Camioneros acusados por el bloqueo y la “extorsión” contra una empresa de alimentos de San Pedro.
Maximiliano Cabaleyro, delegado regional de Camioneros y de la CGT y concejal del Frente de Todos en San Nicolás, y Fernando Espíndola seguirán detenidos con prisión preventiva- se les negó el recurso de excarcelación- pero dejaran de estar alojados en sede policial y accederán al beneficio de la prisión domiciliaria hasta que la causa llegue a instancia de juicio.
A los dirigentes sindicales se los acusa de los delitos de “turbación de la posesión” y “extorsión” (presunto pedido de coimas) y “extorsión por suscripción de documento jurídico” (este último delito se sumó tras un allanamiento en la sede gremial donde se secuestraron recibos donde constarían el supuesto “ingreso de dinero” proveniente de los empresarios denunciados pero sin documentos que avalen la presunta deuda esgrimida por el sindicato).
La prisión preventiva fue dictada por el Juez de Garantías Román Parodi, quien temporalmente se hizo cargo de la causa luego que María Eugenia Maiztegui pidiera una licencia médica debido a “un pico de estrés”.
Previamente, un nutrido grupo de trabajadores y representantes del gremio de Camioneros encabezaron una protesta para exigir la inmediata liberación de los dos detenidos.
La manifestación, fue liderada por el dirigente Pablo Moyano, bajo el fundamento de un presunto “lawfare” político-judicial que expondría la continuidad de “un sistema de persecución” a trabajadores que reclaman por sus derechos.
En tanto, el intendente de San Nicolás, Manuel Passaglia, dio a conocer un documento enviado a la jueza María Eugenia Maiztegui desde la Comisión Bicameral de Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia del Honorable Congreso de la Nación, que preside el diputado nacional Leopoldo Moreau.
TE PUEDE INTERESAR
