Mauricio Macri y algunos de sus operadores volvieron a salir airosos de la Justicia de Comodoro Py. Al igual que ocurriera con las causas por presunto espionaje contra familiares de los tripulantes del Ara San Juan y el tour a Lago Escondido, un fallo dictó el sobreseimiento al expresidente ante la “inexistencia de delito” en el marco de la investigación por el supuesto funcionamiento de una mesa judicial para la “persecución” de gremialistas y dirigentes políticos opositores.
La decisión lleva la firma de la jueza federal María Eugenia Capuchetti, quien tomó trascendencia pública por su rol en la instrucción que buscaba dar con los responsables del intento de magnicidio contra Cristina Kirchner. Aunque fueron detenidos los autores materiales, la causa no logró avances en la determinación de los responsables intelectuales del atentado y la magistrada quedó en el ojo de la tormenta al conocerse denuncias por presuntas conexiones y llamados telefónicos del diputado Gerardo Milman que podrían activar pistas para fortalecer las líneas investigativas.
En las últimas horas, Capuchetti sobreseyó por “inexistencia de delito” a todos los imputados de la causa en la que se investigan supuestas presiones de exfuncionarios y allegados al Gobierno de Mauricio Macri, y del propio expresidente, a jueces y fiscales,
La decisión de la magistrada, que ya fue apelada por el fiscal Franco Picardi, benefició a Macri; a su asesor Fabián ‘Pepín’ Rodríguez Simón; al exministro de Justicia Germán Garavano y al exsecretario de Legal y Técnica Pablo Clusellas, entre otros.
Los argumentos de la Jueza para eximir a Mauricio Macri y Pepín Rodríguez
La jueza resaltó en su fallo que ninguna de las presuntas víctimas, todos magistrados, denunció los hechos cuando supuestamente ocurrieron, y señalo que no se constató que alguno de los presionados hubiera tomado alguna decisión contraria a derecho.
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Los principales frentes políticos definen a sus candidatos en las ocho secciones. Nombres en danza, vetos cruzados y negociaciones que se estirarán hasta las últimas horas del sábado. La jugada de los intendentes testimoniales.
“La totalidad de los magistrados prestó su testimonio al ser formalmente convocados, en todas las ocasiones mucho después de haber culminado las supuestas presiones, o de haber intervenido en los expedientes que motivaron las alegadas injerencias indebidas, o incluso de haber cesado la administración que habría planificado dichas interferencias”, sostuvo la jueza en el fallo firmado el 7 de diciembre.
“Esta cuestión no es menor, por cuanto no se trata aquí de víctimas legas, que años después de un evento traumático podrían resignificar vivencias delictivas para aportar sus versiones a la Justicia. Se trata aquí de magistrados del Poder Judicial y del Ministerio Público Fiscal, que no sólo se presume conocen el derecho y por lo tanto pueden mínimamente distinguir un accionar delictivo de aquél que no lo es, sino que, además, cuentan con la carga pública de denunciar ante la existencia de un delito como tal”, continuó.
Y prosiguió: “Es más: tampoco se advierte que los magistrados (independientemente de que no hayan denunciado), se hayan apartado de los expedientes que presumiblemente motivaban las presiones, a fin de garantizar su imparcialidad” señaló.
“Los magistrados supuestamente damnificados han prestado declaración testimonial y sus testimonios fueron coherentes y consistentes entre sí, y con respecto a lo resuelto en cada una de las causas traídas a su conocimiento, lo que evidencia que no fueron influenciados de manera indebida o que las presiones no tuvieron un impacto significativo en sus decisiones”, aseguró la jueza.
El fallo publicado por Télam -y que fue revelado este lunes por el portal de noticias Infobae- benefició también al exministro de Trabajo Jorge Triaca; a la legisladora porteña Graciela Ocaña y al jefe de los fiscales de la Ciudad de Buenos Aires, Juan Bautista Mahiques.
El fiscal Picardi, en tanto, apeló la decisión de la jueza Capuchetti el 14 de diciembre con el objetivo de que se revoquen los sobreseimientos y se investigue una supuesta maniobra sistemática para ejercer indebida presión sobre cualquier magistrado que tomara una decisión contraria a los intereses del entonces Gobierno de Macri.
