A pocos días de la elección en donde Ezequiel Galli ratificó su liderazgo político local, el intendente de Olavarría cargó contra dos ordenanzas sancionadas por otros espacios políticos rivales, una de ellas impulsada por la UCR, su flamante “socio” en la coalición de Juntos.
La primera de las normas rechazadas por el Municipio de Olavarría, es una ordenanza que disponía una exención del 50% en la Tasa de Inspección y Seguridad e Higiene a PyMES, monotributistas en todas sus categorías y Autónomos cuya facturación fuese menor a $36 millones anuales. La medida regiría, de forma retroactiva, en el período que va del 1 de enero hasta el 31 de diciembre de 2021.
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La iniciativa había sido presentada por el Frente de Todos, y buscaba dar un alivio financiero a uno de los sectores más golpeados por la pandemia. La norma, fue sancionada a fines de agosto con el respaldo de todos los bloques opositores.
En sus fundamentos, el gobierno municipal adujo que la “Ley Orgánica de las Municipalidades y el Reglamento de Contabilidad otorgan al Ejecutivo la exclusividad de la iniciativa para la modificación presupuestaria, reservando al Concejo Deliberante la facultad de modificar las partidas correspondientes a su propio presupuesto”.
Otro de los señalamientos del intendente Ezequiel Galli es que la ordenanza “establece modificaciones en la Ordenanza Fiscal de tal forma que su aplicación implicaría forzosamente una modificación de los ingresos calculados en el presupuesto vigente”.
Además, agrega que la disposición“conlleva a la vulneración del principio de estabilidad presupuestaria” y considera que “las disposiciones legales ponen en mano del Departamento Ejecutivo Municipal la responsabilidad de recaudar los recursos y ejecutar los gastos de la misma”.
“El Intendente tiene una insensibilidad total”
Una vez conocido el veto del intendente Ezequiel Galli, el concejal del Frente de Todos, Ubaldo García, realizó un duro cuestionamiento a la determinación
“Era algo esperado. Ya veíamos venir que es la línea que tiene el municipio respecto a la ayuda de los sectores productivos durante la pandemia. Han estado ausentes permanentemente, fuera de sintonía con Provincia y Nación que han estado presentes con ayudas como ATP, IFE, siendo uno de los municipios más ricos de la provincia” sostuvo el contador y vocero en temas económicos del FdT local.
Para Ubaldo García “el intendente tiene una insensibilidad total” y señaló que la medida fue adoptada “a 48 horas de una elección, prácticamente a escondidas porque si no hubiese explicado antes de las elecciones los motivos”.
Incluso advirtió que el Concejo Deliberante “tardó una semana en notificarlo para que el veto llegara posterior a las elecciones” pero remarcó que, más allá de los tiempos, se evidencia “la ausencia del municipio en políticas de ayuda a sectores productivos”.
Veto al ente de control de servicios públicos
La segunda ordenanza vetada corresponde a un organismo de control de servicios públicos municipales concesionados. La iniciativa, fue impulsada de la UCR de Olavarría y había sido sancionada tras varios intentos realizados en la última década.
El órgano de control incluía un trabajo de auditoría sobre los servicios de transporte público de pasajeros urbano e interurbano, de agua potable, corriente y desagües cloacales, energía eléctrica, recolección de residuos sólidos urbanos y residuos patogénicos, al sistema de estacionamiento medido y a “todo aquel que se concesione en un futuro”.
Entre sus objetivos se proponía “verificar el cumplimento de los contratos y de la Ley Orgánica de las Municipalidades y cualquier otra normativa. Informar y proteger a los usuarios de los servicios, analizar los costos de los servicios, los balances de las empresas, controlar los equipamientos, lo correspondiente al personal, prevenir conductas anticompetitivas o discriminatorias, recibir y tramitar quejas de los usuarios”.
La norma había sido aprobada por el conjunto de la oposición y rechazada por el bloque oficialista por “no tener opinión formada”.
Allegados a la UCR, señalaron a Infocielo que la determinación “no los sorprende” aunque esperaban un veto parcial. Finalmente, el gobierno municipal decidió rechazar a la ordenanza de forma íntegra.
Entre algunos de los fundamentos, indican que determinados “servicios públicos enumerados” que “no se encuentran en esa categoría” lo que lleva a “una confusión del universo a controlar”, al igual que en el caso de los Colegios Profesionales que formarían parte del organismo.
Sostiene que el ente de control “contará con una serie de funciones que invaden atribuciones propias del Poder Ejecutivo” y rechazan la creación de “un nuevo régimen sancionatorio” que viola “el principio de juez natural y la ley previa”.
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