Este fin de semana se dio a conocer un acuerdo entre la Secretaría de Comercio de la Nación, a cargo de Matías Tombolini, y el gremio Camioneros que conduce Pablo Moyano para controlar el cumplimiento del programa Precios Justos. La novedad fue rechazada por un sector político y empresarial que rápidamente rechaza la fiscalización de precios la haga quien la haga.
“Quien plantea diferencias por su ideología que se haga cargo, nosotros necesitamos a todos para bajar la inflación y llevar alivio a la mesa de los argentinos“, aseguró Tombolini frente a las críticas. “Si está bien que las empresas acudan al Estado cuando tienen problemas, también es correcto que lo hagan los sindicatos”, sumó uno de los artífices del Precios Justos.
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El sindicato Camioneros asumió la responsabilidad de constatar el abastecimiento de la mercadería en los supermercados adheridos. Puntualmente, la rama logística del gremio, a cargo de Oscar Borda, se comprometió a observar que los pedidos coincidan con lo que transportan los camiones. A través de un comunicado, Moyano señaló que es “muy importante” que “los grandes centros de distribución cumplan con el abastecimiento para garantizar que los productos estén en las góndolas”.
La iniciativa generó el repudio de entidades empresarias como la Unión Industrial Argentina (UIA) y de referentes de la oposición como Patricia Bullrich (PRO) o José Luis Espert (Avanza Libertad). Sin embargo, la referente de la Coalición Cívica Elisa Carrió fue más allá y anunció que este lunes radicará una denuncia penal. Si bien no explicó por qué delito, ya apuntó contra Alberto Fernández, Sergio Massa y el propio Tombolini.
El programa Precios Justos es un acuerdo voluntario que involucra a 358 empresas, 12 cámaras empresarias, 44 asociaciones de defensa del consumidor, 62 municipios y 38 sindicatos. El gobierno lo impulsó con el objetivo de congelar el valor de unos 1.900 productos de primera necesidad que se comercializan en grandes cadenas de supermercados aunque después fue sumando rubros. En principio, estará vigente hasta el 31 de diciembre de este año y durante los primeros tres meses de su implementación le pone un tope máximo del 4% al aumento de precios.
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