En la Facultad de Ciencias Jurídicas de la UNLP hay una cátedra que se llama Derecho Público, que es muy importante, y otra que se llama Derecho Público Provincial y Municipal, a la que coloquialmente se conoce como “publiquito”. Explica, como metáfora, como hipérbole, los fracasos de la política bonaerense. A los hombres y mujeres que llegan a la Legislatura, que son casi todos abogados y muchos de ellos abogados de la UNLP, les enseñan desde jóvenes que el derecho bonaerense es “publiquito”.
Por eso, tal vez, más tarde terminan haciendo “politiquita” en la “legislaturita”, en la “cortecita” o en la “casita de Gobierno”.
“Publiquito” funciona para entender la situación política de la provincia de Buenos Aires, una colonia: la colonia más importante que tiene la República Argentina. Pensar la constitución, el derecho provincial, como hermano menor del derecho nacional, es más bonaerense que votar un gobernador porteño.
Legislatura en el tintero
El año legislativo terminó el 30 de noviembre, o al menos el período de sesiones ordinarias. Quedó una cantidad impresionante de proyectos de ley y de decisiones importantes en el tintero. Muchas y muy importantes.
En 34 semanas, en 274 días, los 92 diputados y los 46 senadores no se pudieron poner de acuerdo en una cantidad de temas, muchos de los cuales son de carácter urgente. Por internitas, por obediencia debida, para quedar bien con Javier Milei, por inoperancia, por falta de diálogo, por falta de decisión política de todos los actores que influyen ahí.
No es ley la creación de una empresa que produzca medicamentos. No es ley la empresa estatal de emergencias. En un contexto en el que la salud es un vector de ajuste del Gobierno nacional, donde los medicamentos se encarecen a la velocidad de la luz y ni las prepagas ni las obras sociales logran cubrirlos del todo, en la Legislatura no se pudieron poner de acuerdo para poner en marcha lo que podría ser una solución -o un paliativo- al permitirle al Estado provincial intervenir en un mercado tan (in) sensible.
Presupuesto, Impuestos, elecciones
No es ley el Presupuesto para 2025. Una herramienta clave para gestionar el Estado pero también para controlarlo. No hay Ley Impositiva, que es indispensable para recaudar y hacer funcionar a ese Estado. Si les preguntás a los opositores, se debe a que Kicillof no quiere ajustar y a que sigue aumentando la presión fiscal.
Si le preguntás a los oficialistas, es porque ningún funcionario de Gobierno se ocupa de articular y dar las respuestas que pide la oposición. Si le preguntás al Gobierno, es porque los opositores sobreactúan su austeridad. ¿Se destraba el debate -como siempre- repartiendo cargos y fondos para los intendentes? Se verá.
El enlace entre la Legislatura y Kicillof es Agustina Vila, secretaria general de la Gobernación. Funcionaria de extrema confianza del Gobernador, ex ministra de Educación, desaparecida en acción. La buscan propios y extraños. Como se dijo, hay muchos, pero muchos temas por definir. Los senadores y diputados también necesitan previsibilidad, por otros motivos: quieren planificar sus vacaciones.
Un tema que tiene la cuenta regresiva activada es cómo vamos a votar los bonaerenses el año que viene. Se sabe que a nivel nacional va a haber boleta única y que muy probablemente no haya más PASO. Acá, por ahora, sigue todo igual. Pero que siga todo igual significa que va a ser todo caro y engorroso.
Carlos Bianco se reunió con Martín Menem y con Karina Milei para tener alguna certeza y trazar una hoja de ruta. Qué salió de ese cónclave es un misterio. En la Legislatura todos opinan que las PASO son un problema pero nadie tiene una solución: se suspenden, se eliminan o se modifican. Hay opiniones para todos los gustos.
Justicia gruyere
Hay más de 200 pliegos judiciales frenados. El ministro de Justicia, que asumió con muchas ínfulas diciendo que iba a tapar los agujeros del Poder Judicial, que parece un queso gruyere porque tiene cargos sin cubrir por todos lados, prometió terminar 2024 con 192 nombramientos. Al final llevó muchos más candidatos: cerca de 2011. Metió por la ventana algunos nombres que no estaban acordados con la oposición.
¿Fue Juan Martín Mena o alguien más metió la cola? ¿Julio Alak, tal vez? También hay -cuando no- bronca por los pliegos de La Matanza. Verónica Magario tendría algún nombre pisado. En el bloque hay desconcierto. ¿Se sesiona el 12? ¿El 19? ¿El 26? ¿Se patea todo para febrero?
Humo sobre el BAPRO
Otra cuenta regresiva, que ya está vencidísima, es la de la ley de Jubilaciones del Bapro. En marzo de 2023, o sea hace dos períodos legislativos, la Suprema Corte bonaerense otorgó una cautelar contra la ley que modificó el gobierno de María Eugenia Vidal en medio de piedrazos y balas de goma, en diciembre de 2017, con la inestimable ayuda de -cuando no- los legisladores que trabajan con los “dialoguistas” que hoy son “camporistas” y le miden el aceite a Axel Kicillof.
Hay dos opciones para que esto se resuelva definitivamente: una, que la Suprema Corte dicte sentencia definitiva, declare inconstitucional la ley y que se le venga una catarata de juicios a la Provincia. La otra es que se encuentre una solución política y se sancione una ley nueva. El Gobierno va por su segundo fracaso en busca de la solución política, porque nadie quiere ceder.
Cada vez que se logra un mínimo consenso, aparecen actores externos, asociados a medios, para meter ruido. O humo. Cristian Ritondo puso el grito en el cielo cuando las cuentas le empezaron a dar mal en el Senado. “Cuando asumimos, la caja del sistema jubilatorio del BAPRO tenía un déficit del 50,8% y logramos que se redujera al 23,7%. ¿Cómo lo hicimos? Ordenando nuestras prioridades”, tuiteó hace unas semanas en X.
Ritondo -que importa porque preside el PRO bonaerense- escribió un largo posteo en el que escribió ocho veces la palabra privilegios para cuestionar el proyecto que hoy se debate en la Legislatura. No mencionó ni una vez la decisión judicial que cuestionó la constitucionalidad de la ley que hoy se busca remendar.
Suprema rosca
Y ya que hablamos de la Corte, también podríamos mencionar que lo que parecía tomar forma de acuerdo entre las tribus peronistas y una parte de la oposición -la UCR- para completar cuatro vacantes en el Máximo Tribunal bonaerense, hoy no parece tan fácil. Los radicales están peleados entre sí y las negociaciones tambalean.
Recordatorio amistoso: los supremos deberían ser siete pero son apenas tres. El tribunal está remendado y en cinco años de gobierno, Axel Kicillof no quiso o no pudo completarlo y aprovechar así la chance histórica de darle otra impronta.
Los que se afirman y se encolumnan son los libertarios, que ya consolidaron un bloque numeroso en Diputados y reclaman una vicepresidencia. Envalentonados, podrían negociar una vacante en la Corte para sí. Si eso ocurre, el kicillofismo, La Cámpora, Sergio Massa y La Libertad Avanza acapararían una silla cada uno. Cocodrilo que se duerme es cartera.