Según la Defensoría del Pueblo de la provincia de Buenos Aires, en territorio bonaerense, en los últimos cinco años, se registró un aumento del 110% en el número de las instrucciones penales preparatorias vinculadas a la violación a la Ley de Estupefacientes. Además, detalla que en el periodo 2017-2018, el incremento fue del 33%. De ese total, una de cada cuatro causas, tiene que ver con tenencia para consumo personal.
Particularmente, según el escrito del defensor adjunto Walter Martello, Necochea es el departamento judicial donde este tipo de causas penales representan mayor porcentaje, seguido por San Nicolás, Trenque Lauquén y Azul.
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Por otra parte, en el Servicio Penitenciario Federal (SPF), por delitos relacionados al narcotráfico, la cantidad de presos procesados sin condena duplican a los que tienen sentencia: 3.300 contra 1.500. A este panorama, se le suma un récord de deportaciones que, por general, involucran a personas de escasos recursos, que integran los eslabones más débiles del sistema de comercialización ilegal de estupefacientes.
“El hostigamiento permanente y sistemático de integrantes de fuerzas de seguridad a consumidores de estupefacientes es una realidad concreta, que se registra a lo largo y ancho del país. Así lo viene denunciando, por ejemplo, el juez Mario Juliano, quien está a cargo del Tribunal en lo Criminal N° 1 de Necochea y actual presidente la Asociación de Pensamiento Penal”, dice el documento y continúa: “Entre otras acciones, Juliano presentó un habeas corpus para que la población juvenil no sea acosada por la Policía por tenencia simple de marihuana”.
El escrito del magistrado versa que “hay tres conclusiones que se pueden elaborar a partir de un muestreo de esos procedimientos por tenencia para consumo personal: 1) que la casi totalidad de los procedimientos se encuentran relacionados con la marihuana; 2) que las personas interceptadas, en su inmensa mayoría, son menores de 25 años; y 3) que el promedio de sustancias secuestradas (marihuana) oscila en los 4 gramos. Una mera estimación de los recursos materiales públicos utilizados para llevar a cabo estos procedimientos (sueldos policiales, judiciales, papelería, combustible, reactivos) arroja un costo aproximado de $ 10.000 por procedimiento.”
Prevenir no significa legalizar, así lo entendió la propia Corte en el caso Arriola, destaca Martello: “No hay dudas de que en muchos casos los consumidores de drogas, en especial cuando se transforman en adictos, son las víctimas más visibles, junto a sus familias, del flagelo de las bandas criminales del narcotráfico. No parece irrazonable sostener que una respuesta punitiva del Estado al consumidor se traduzca en una revictimización”.
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