En materia de política agropecuaria, el discurso oficialista es simple y directo: la agroindustria argentina es el motor de la economía y posiciona a Argentina como la “góndola del mundo”. Allá por 2015 y de la mano de esta simple y potente premisa, el entonces candidato presidencial Mauricio Macri desplegó un discurso seductor de cara al ámbito rural. Supo capitalizar el descontento que existía por parte de este sector hacia el kirchnerismo, relación que quedó herida de muerte tras el desgaste que significó para la ex presidenta Cristina Fernández el conflicto por los derechos de exportación de soja.
Tras esta línea discursiva, el macrismo trabajó a fondo sobre un plan de 13 puntos para el sector agroindustrial, a través de la Fundación Pensar, el think tank de Cambiemos. En ese plan participaron referentes de la agroindustria argentina, encabezados por el actual presidente del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA), Ricardo “Ricky” Negri.
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Entre sus puntos más destacados, el proyecto apuntaba a eliminar los derechos de exportación, la fomración de precios transparentes en lechería, rebajar la presión tributaria, la creación del ministerio de Agroindustria y reposicionar al país en materia de exportación. Tras el triunfo sobre Daniel Scioli en el balotaje, Macri cumplió uno de estos puntos: eliminó los derechos de exportaciones a todos los cultivos, excepto para la soja. Para este cultivo, se implementó una reducción mensual de 0,5%, para llegar a diciembre de 2018 con un nivel del 18%.
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Esta decisión le traería en los siguientes años más de un dolor de cabeza a Cambiemos, que escuchó los aireados reclamos de la cadena sojera, que no quería saber nada con esta medida. No eran las retenciones de “los k”, pero igual causaban escozor.
El tsunami que arrasó con la economía argentina a mediados del año pasado obligó a Macri a recalcular su estrategia. Con el auxilio del Fondo Monetario Internacional y tras días turbulentos que desembocaron en una feroz corrida cambiaria que perforó el techo de los 42 pesos del dólar, volvieron los derechos de exportación para todos los cultivos: un 12% promedio para trigo, maíz y girasol y cerca del 30% para la soja.
A poco más de seis meses para las elecciones de octubre, el balance en materia agropecuaria del macrismo no cierra por ningún lado. El presidente Macri incumplió las principales promesas efectuadas al sector agroindustrial durante su campaña electoral. Un breve repaso por los puntos mencionados al principio de esta nota permite sustentar esta afirmación.
Los derechos de exportación están en vigencia y como agravante al no diferenciar entre granos y subproductos favorecen la primarización de las exportaciones. La rebaja de la presión tributaria es directamente una quimera, con un Estado que en la actualidad se lleva –en promedio- un 60% de la rentabilidad de los productores.
El paso de ministerio de Agricultura a su denominación de Agroindustria tras la asunción del radical Ricardo Buryaile fue solo una formalidad. A tono con la premisa de reducir el déficit fiscal, esta dependencia sufrió un fuerte recorte de su planta de personal, sobre todo en la vinculada a Agricultura Familiar, un espacio que durante los últimos años del kirchnerismo respondía a Emilio Pérsico, referente del Movimiento Evita.
Tras la renuncia de Buryaile a finales de 2017, se desató una feroz interna entre dos figuras que siempre anhelaron el puesto: Ricardo Negri, el creador del plan de 13 puntos macristas para el campo, y el por aquel entonces presidente de la Sociedad Rural Argentina, Luis Miguel Etchevehere. Finalmente se impuso el entrerriano, que contaba con el aval del presidente Macri.
Tras el desbarajuste económico que significó la vuelta de los derechos de exportación, la cartera agropecuaria fue degradada a Secretaría y fue absorbida por el ministerio de Producción de Dante Sica. Otra promesa tachada con color rojo.
La formación de precios transparentes en lechería, a pesar de los esfuerzos de la dirección Nacional de Lechería, tampoco se puede considerar como un logro. Además de cobrar por su materia prima un valor por debajo de sus costos de producción, los tamberos no saben cuándo ni cuanto cobrarán.
En materia de exportaciones, salvo el caso de la cadena bovina y los principales, la estrategia comercial del macrismo en materia de exportaciones es –al menos- cuestionable. En el caso del biodiesel, se perdieron mercado de peso en Estados Unidos y Europa, en un negocio que representaba un ingreso de divisas cercano a los 1.500 millones de dólares anuales. Los limones a Estados Unidos representan un impulso para la economía tucumana, pero en volumen facturado no mueven casi la aguja a la hora de reducir el déficit fiscal. Como agravante, el macrismo permitió una fuerte apertura de las importaciones, en detrimento de la agroindustria local, agobiada por la inflación, la suba del dólar y la falta de acceso al crédito.
De esta manera, el incumplimiento de estas promesas constituye un obstáculo para posicionar a nuestro país como un jugador destacado en el escenario global de los agronegocios. Más allá de esta situación, es muy probable que ese vasto universo conocido como “el campo” acompañe a Cambiemos en las próximas elecciones con su voto.
Como bien resumió el empresario Gustavo Grobocopatel en una entrevista concedida al sitio web de Perfil, “estamos pagando muchísimo dinero en impuestos, probablemente mucho más que en anterior gobierno de Cristina Kirchner. Estamos mal, pero contentos”.
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