El proyecto de Ley de Ética Pública, que obliga a funcionarios de los tres poderes a hacer públicas sus declaraciones juradas de bienes cada año, está a punto de quedar en el olvido. Empantanada en la comisión de Reforma Política, que conduce la camporista Rocío Giacone, perderá estado parlamentario si no es aprobada antes de fin de año.
La “nueva política”, al menos en la Provincia de Buenos Aires, envejece rápido. Mientras el gobierno de Daniel Scioli rechaza sistemáticamente cualquier consulta para conocer el estado patrimonial del Gobernador o de sus funcionarios, en la Legislatura tanto oficialistas como opositores no hacen los deberes para revertir esa situación.
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Testimonio de ello es la Ley de Ética Pública, aprobada el año pasado en el Senado, que duerme el sueño de los justos en la comisión de Ética Pública de Diputados y que perderá estado parlamentario si no se aprueba en sesión ordinaria antes de fin de año.
La norma aplica para todos los funcionarios que en forma permanente o temporaria presten servicios remunerados y en relación de dependencia en cualquiera de los Poderes Públicos del Estado Provincial o Municipal, Entidades Descentralizadas, Entes Autárquicos, Organismos de Control, empresas estatales o con participación estatal mayoritaria y fondos fiduciarios, sea que accedieren al cargo por elección popular, designación directa, por concurso o por cualquier otro medio legal, y los obliga a presentar una declaración jurada patrimonial integral, dentro de los 30 días desde la asunción, que deberá ser actualizada anualmente y presentar una última declaración, dentro de los treinta días hábiles desde la fecha de cesación en el cargo.
El proyecto fue presentado por el senador (MC) Ricardo Vázquez, del FAP, tras un acuerdo con el oficialismo que incluyó abrazo y foto con Gabriel Mariotto y el impulso de la titular del bloque Cristina Fioramonti. Con ese aval, fue aprobado el 11 de julio de 2013 y girado a la Cámara Baja.
Allí, desembarcó, según los registros oficiales, el 14 de Agosto, en la Comisión de Reforma del Estado, presidida por la camporista Rocío Giacone, y con mayoría del FpV, que no le dio mayor impulso. Ahora, a dos semanas del final del período de sesiones ordinarias, la ley quedará definitivamente sepultada, ya que transcurrió el tiempo que prescribe la ley para su sanción.
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