El pasado miércoles, el Estado realizó una grave y polémica denuncia acusando de “falso testimonio” y una “asociación” entre organismos de derechos humanos, abogados y hasta medios de comunicación para incriminar a la Gendarmería como la responsable de la desaparición forzada y muerte de Santiago Maldonado.
El hecho ocurre luego de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) haya levantado la cautelar contra el Estado argentino, luego de que esta siguiera de cerca la búsqueda del mochilero oriundo de la localidad de 25 de Mayo, que desapareció luego de una represión de Gendarmería en Chubut.
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Sin embargo, el organismo no se desligó completamente del caso y apuntó a que el Estado nacional “se encuentra obligado a investigar de manera diligente las circunstancias que dieron lugar a la muerte” de Maldonado, determinando que el Estado tiene la responsabilidad de “investigar de manera exhaustiva la totalidad de las hipótesis que han surgido a lo largo la propia investigación, garantizando una adecuada participación a sus familiares y representantes”.
Todavía el relato de los gendarmes que llegaron al Río, donde se vio por última vez a Maldonado, es confuso.
Pese a esto, la ministra de Seguridad Patricia Bullrich hizo caso omiso al pronunciamiento de la CIDH y apuntó contra los testigos mapuches que habían declarado en los primeros días de la desaparición de Maldonado, frente al primer juez, Guido Otranto.
La denuncia que hizo la propia Gendarmería habla de falso testimonio y se ensaña precisamente con dos miembros de la comunidad Pu Lof en resistencia de Cushamen, Matías Santana y Claudina Pilquiman, y a un amigo de Santiago, Ariel Garzi.
La misma habla de una asociación en la que entran organismos de Derechos Humanos, abogados y hasta medios de comunicación –que no fueron detallados-, inaugurando una escalada del Estado inédita para tiempos democráticos.
Por esto el Estado que gobierna Mauricio Macri ha sido nuevamente denunciado ante la CIDH por “criminalizar” y “perseguir” a testigos de la causa. Se tratan de los abogados Fernando Cabaleiro y Carlos González Quintana, de la organización Naturaleza de Derechos, los mismos abogados que habían conseguido la primera medida cautelar del organismo durante la búsqueda de Maldonado, en 2017.
Los abogados manifestaron que “la denuncia penal del Estado Argentino a través de una de sus fuerzas, Gendarmería Nacional por la muerte de Santiago Andres Maldonado, es claramente persecutoria y pretende criminalizar un obrar absolutamente legítimo que representa el ejercicio de un derecho humano reconocido en la Constitución Nacional y Convenios internacionales de Derechos Humanos, como el de peticionar y denunciar la violación de derechos humanos”.
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