Tras el rechazo unánime del sector de carreros en Berazategui, ahora dos juzgados pidieron suspender la ordenanza municipal que prohibía el uso de caballos y buscaba reemplazarlas por “bicicletas eléctricas”.
Sucede que las mismas no alcanzaban para los más de 300 carreros que se encuentran en la localidad y además, según pudo saber este medio, el municipio pretendía cobrárselas en descuentos progresivos.
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El Tribunal de Trabajo Nº 1 de Quilmes hizo lugar a la medida cautelar presentada por el Dr. Dante Morini, suspendiendo así la Ordenanza Municipal nº 5.694 que buscaba evitar el uso de caballos y restringía el trabajo de los mismos.
A lo dispuesto días atrás por el Juzgado de Familia Nº 3 de Quilmes de hacer lugar a la medida cautelar presentada por los Recicladores Urbanos, se sumó también el dictamen del Tribunal de Trabajo Nº 1 de permitir la continuidad laboral de estos recolectores urbanos.
Desde la justicia cuestionaron la medida del municipio a cargo de Juan Patricio Mussi (FPV-PJ), asegurando que se aplicó sin el debido “decreto de reglamentación”, y enumeraron los derechos que se anteponían hacia los carreros.
En el fallo, el juzgado explica que con la ordenanza municipal efectiva “se verían involucrados derechos de raigambre constitucional y convencional, tales como el derecho de la propiedad, el derecho a circular libremente, el derecho a trabajar, etc.”.
También, tocaron el punto del supuesto maltrato animal que se desprende del uso de caballos para esa tarea: “Tampoco se vería afectada la figura del animal, toda vez que se trata de un carro manual empujado por el propio amparista, de modo tal, que no entra en juego la Ley 14.346, la cual prevé que se establezcan sanciones y/o penas para aquellas personas que maltraten o hagan víctimas de actos de crueldad a los animales”, sostuvieron.
“Si realmente el intendente tiene voluntad de resolver la problemática del empleo informal de los miles de vecinos de Berazategui que recorren las calles en busca de residuos reciclables para vivir, debería convocar a todas las partes intervinientes y establecer plazos razonables para efectuar la transición de la medida que pretende adoptar”, protestó el abogado Morini, quien había presentado la denuncia contra el municipio.
Por su parte, Agustín Nahuel Baldi, delegado de la Federación de Cartoneros Carreros y Recicladores (FACCYR), le explicó a este medio que desde su sector no se oponen a “que haya una ordenanza que permita ordenar el trabajo”.
“De lo que sí nos oponemos es en la manera que se quiere legislar. No queremos que se legisle desde lo penal, sino desde el derecho al trabajo”, concluyó.
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