La megaestafa tuvo lugar el año pasado, aunque la investigación y la auditoría interna confirmaron el fraude a comienzos de 2025. Mails truchos y mas de una veintena de personas investigadas, forman parte de la trama judicial que ya tiene a 17 procesados y cuatro detenidos. Las facultades siguieron operando con los remanentes de sus partidas y con adelantos de la UBA.
La estafa ocurrió en septiembre de 2024, cuando se realizaron 13 transferencias ilegales por un total de 1.600 millones de pesos desde las cuentas de las facultades de Derecho y Odontología de la Universidad de Buenos Aires (UBA) en el Banco Nación.
Los delincuentes crearon la dirección de correo tesoreria@ubatic.net.ar, casi idéntica a la oficial de la UBA, para enviar al banco órdenes de “Medio Electrónico de Pago” (MEP). A pesar de que esa operatoria exige formularios impresos y firmas auténticas, el Banco Nación procesó las solicitudes sin verificar la documentación en físico.
“El banco debería haber exigido el formulario en papel y las rúbricas correspondientes”, explicó Matías Ruiz, subsecretario de Hacienda de la UBA. “En cambio, recibieron mails apócrifos y ejecutaron las transferencias”.
Los recursos defraudados incluían partidas presupuestarias de Derecho para salarios, servicios y mantenimiento, y fondos de Odontología destinados a un proyecto de investigación en ciencia y tecnología y al hospital universitario. Las facultades, con los saldos remanentes y adelantos de rectorado, continuaron sus actividades mientras se detectaba el fraude.
La causa tramita en el Juzgado Federal N° 9, bajo la conducción del juez Sebastián Ramos y con el fiscal Eduardo Taiano al frente. Hasta el momento hay cuatro detenidos y 17 imputados: ninguno pertenece a la UBA, según la auditoría interna, pero persiste la hipótesis de complicidad o filtración de datos en el banco.
Histórica profesora de la UNLP, nominada a un premio internacional: ¿quién es Margarita Rozas Pagaza?
Pionera en la Facultad de Trabajo Social de la Universidad Nacional de La Plata, Margarita Rozas Pagaza fue recientemente nominada al prestigioso Premio Katherine A. Kendall
Para contener el golpe financiero, la UBA implementó doble firma obligatoria en todas las transferencias superiores a un millón de pesos, validaciones cruzadas entre tesorería y decanatos, y auditorías externas trimestrales. Además, el rectorado solicitó audiencia urgente en el ministerio de Economía y el Banco Central para reforzar la normativa sobre operaciones electrónicas en cuentas públicas.
Mientras la justicia avanza en peritajes a registros de acceso y comunicaciones del Banco Nación, las facultades afectadas retomaron la normalidad académica y de investigación. La UBA busca recuperar los 1.600 millones de pesos desviados y blindar sus protocolos para evitar fraudes de esta magnitud.
La investigación judicial y el modus operandi
La causa por defraudación a la Administración Pública investiga si empleados del Banco Nación facilitaron el acceso de los estafadores al sistema. El fiscal Eduardo Taiano analiza bitácoras de MEP y comunicaciones internas para determinar si hubo filtraciones o connivencia.
Hasta ahora, de los 21 involucrados (4 detenidos y 17 imputados), ninguno es de la UBA, las autoridades mantienen abierta la línea de investigación sobre posibles contactos de los estafadores con personal de la entidad.
El modus operandi se basó en órdenes de transferencia enviadas desde una casilla apócrifa casi idéntica a la oficial de la UBA, sin presentar el soporte físico ni las firmas requeridas por la operatoria MEP. Las facultades de Derecho y Odontología continúan funcionando con protocolos reforzados, pero esperan que la fiscalía determine responsabilidades y logre recuperar los 1.600 millones de pesos desviados.
Correos falsos y la falla en los protocolos bancarios
La clave de la estafa fue la casilla tesoreria@ubatic.net.ar, que imitaba a la oficial de la UBA. Con ella, los delincuentes enviaron por mail las 13 órdenes de transferencia, eludiendo el requisito de formularios impresos y rúbricas.
La investigación encontró que el Banco Nación procesó esas instrucciones sin cotejar el respaldo físico ni validar las firmas, lo que reveló un grave quiebre en los controles internos de las operaciones de MEP.
