Un fallo de la justicia provincial determinó que existe contaminación en la ría de Bahía Blanca y condenó a las empresas del Polo Petroquímico, al Consorcio del Puerto, municipalidad y la Provincia.
La resolución establece que existe un perjuicio ambiental del estuario, que deberán generar fondo de 20 millones de pesos por daño moral colectivo, y presentar planes de remediación y control y modificar los parámetros de monitoreo.
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“Encuentro probado que la variedad del material contaminante existente en el Estuario de Bahía Blanca en su conjunto ha provocado un daño ambiental”, dijo el juez en lo Contencioso Administrativo, Agustín López Coppola, sobre la presentación judicial hecha por pescadores artesanales hace 12 años.
Estudios de análisis del agua, que hizo el Comité Técnico Ejecutivo, el Conicet y OPDS, detectaron metales pesados que en algunos casos superan los límites de la National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) y los parámetros establecidos en el Dec. 831/93 y Res. 336/03 de la Autoridad del Agua. También herbicidas, pesticidas, fertilizantes y otros desechos clandestinos.
Incluso, un informe de la Facultad de Agronomía de la UBA advirtió que “el nivel de bioacumulación en hígado, branquias y músculo” en ciertos peces “conlleva a pensar que el nivel de acción antrópica sobre el sistema está afectando seriamente el mismo”.
Entre las empresas responsables, se menciona a Absa, Dow, Profertil, Mega, Cargill, PBB Polisur, Solvay, Petrobras y Transportadora de Gas del Sur.
Respecto a la papel del estado, se exige que tanto la municipalidad de Bahía como el gobierno bonaerense, presenten en un plazo de 60 días, un plan que permita la totalidad de los agentes contaminantes. Y una de las mayores preocupaciones es el volcado de líquidos cloacales, que sospechan, llega sin un tratamiento suficiente para evitar semejante impacto.
Lucas Beier, abogado representante de los pescadores, señaló que las partes involucradas arrojan elementos contaminantes por encima de lo permitido, y que si bien existe una autorización administrativa que los habilita, generan un daño ambiental que deben reparar.
Y en ese marco, insistió en que todavía resta resolver la reparación económica a los pescadores, ya que no pudieron seguir trabajando con normalidad.
Cabe recordar que durante estos años, el sector realizó innumerables manifestaciones, e incluso las partes condenadas realizaron mejoras e inversiones en materia medioambiental, algunas millonarias, pero sigue sin ser suficiente.
Además, desde el municipio a través de Walmir Morete, titular del Comité Técnico Ejecutivo que conforman un grupo de profesionales de diferentes especialidades y que tienen a su cargo el control y monitoreo de las industrias, se respondió en una entrevista realizada por FM de la Calle, que la ley 336, en la que se detallan por parámetros, refiere a miligramos por litro y que el fallo judicial pide mediciones de miligramo por día o por mes, cosa que la norma no lo establece.
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