Como consecuencia de la escandalosa causa penal por la que está preso el exjuez César Melazo, expolicías y funcionarios judiciales y barrabravas, se sorteó esta mañana en el Senado de la provincia de Buenos Aires a los legisladores que conformarán el jurado de enjuiciamiento del juez de Casación Penal, Martín Ordoqui, informaron fuentes judiciales a INFOCIELO.
Un vocero oficial le confirmó a este portal que el sorteo indicó que los cinco legisladores titulares serán Sandra París, Guillermo Castello, Sergio Berni, Julio Di Leo y Mariano Pinedo. En tato que los tres suplentes resultaron Santiago Nardelli, Nidia Moirano y Rocío Antinori.
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En tanto se supo que mañana la Corte Suprema sorteará a los conjueces abogados, con lo que quedará conformado de manera completa el jurado que evaluará la denuncia contra Ordoqui.
Denuncian a un funcionario nacional por amenazas contra un menor
El hecho ocurrió en un barrio privado de Berazategui, donde viven el funcionario denunciado y el menor de 12 años al que amenazó con "hacerte mierda" junto a su familia.
Una fuente oficial le dijo a este portal que “por lo general, cuando el ministerio público pide el jury para un integrante del poder Judicial para quitarle los fueros y poder indagarlos, se resuelve para que eso suceda y no ser un obstáculo en la investigación penal”.
Ordoqui está acusado de ser parte de la megabanda integrada entre otros por el exjuez César Melazo, jefes policías, barrabravas y delincuentes, con el objetivo de cometer millonarios robos en La Plata.
El juez Ordoqui fue suspendido por 90 días por la Suprema Corte de Justicia luego de ser imputado en la causa.
La investigación madre que derivó en la escandalosa causa fue por el homicidio de Juan Farías, ocurrido el 1º de diciembre de 2010 en un departamento ubicado en el barrio de La Loma en la capital provincial.
Para la fiscal Lacki a Farías lo mataron por robar a un extécnico de Estudiantes de La Plata y no repartir el botín entre los integrantes de la banda.
Ordoqui quedó involucrado luego de ser acusado de haber cobrado $500.000 para conceder la prisión domiciliaria a Javier Ronco, quien afrontaba un proceso penal por los asesinatos de María Martini y Carlos Rodríguez, ocurridos el 5 de enero de 2008.
Ronco está sindicado por ser parte de la banda mixta, en la que se investiga si jueces, fiscales y policías eran cómplices de delincuentes para que se cometan millonarios atracos, luego de los cuales el botín era repartido.
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