Más de 50 organizaciones ambientales, así como integrantes de comunidades fumigadas de la provincia y Argentina, le piden al ministro de Desarrollo Agrario, Javier Rodríguez, que derogue la resolución 246/2018, que permite fumigar con agroquímicos a escasos metros de poblaciones y escuelas rurales, entre otros puntos permisivos que son denunciados.
La polémica resolución (que no pasó nunca por la Legislatura bonaerense) y nació de la mano de María Eugenia Vidal y su ministro de agroindustria, Leonardo Sarquís, nunca entró en vigencia, sin embargo. Fue suspendida a poco de haber sido presentada y luego del triunfo electoral de Axel Kicillof, la misma fue suspendida. En febrero de este año, la norma cumplirá tres años en esa situación, que al mismo tiempo deja un camino allanado para el agronegocio.
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En el tramo final para la entrega de las nóminas de senadores, hay disputas internas en los tres principales frentes políticos y todo se encamina a una resolución en las cúpulas provinciales. Los nombres en carpeta.
Según denuncian las organizaciones ambientales de la provincia, que la misma no se derogue (pese a estar suspendida) es precisamente el problema: constituye un escenario permisivo para las fumigaciones y para el agronegocio. Por eso, a las claras, lo que reclaman es su “urgente” derogación y el tratamiento de una ley que pueda regular las pulverizaciones desde una perspectiva de la salud comunitaria.
Al mismo tiempo, agregan, pone de manifiesto que la gestión de Vidal y la de Kicillof mantienen un criterio similar a cómo manejar los problemas ambientales como son el uso de distintos agroquímicos que enferman a la población.
Según el comunicado que publicó hoy el conjunto de comunidades fumigadas, asambleas, organizaciones y espacios académicos, colectivos ambientales y de la sociedad organizada de la provincia y también del resto del país y Latinoamérica, la derogación de la 246 es “es urgente” y aseguran que “no admite más dilaciones”.
“Somos nosotras y nosotros los que estamos experimentando en territorios y cuerpos las enfermedades y las afectaciones producto de un modelo dependiente de agroquímicos biocidas”, expresan.
En el territorio bonaerense, el tema ha quedado librado a la suerte desde la llegada de los agroquímicos y la soja transgénica en la Argentina. Según las organizaciones ambientales “desde 1991, año de la primera e incompleta reglamentación provincial, este tema no ha sido abordado con la seriedad y urgencia que amerita, al incidir, la práctica productiva que incluye venenos, en toda la provincia y sus comunidades de manera directa”.
Según las pocas estadísticas que se pudieron conseguir a base de las propias empresas del agronegocio, se calcula que en nuestro país se pulverizan anualmente más de 500 millones de kilogramos-litros de agrotóxicos. “De ese total, más de 300 millones son solo de glifosato, probable cancerígeno y genotóxico. El glifosato es el herbicida más usado en nuestra provincia”, agregaron en el comunicado.
El año pasado, tras prorrogar la suspensión de la resolución 246, el gobierno de Kicillof modificó un artículo respecto a la zona de amortiguación y creo una mesa de trabajo, integrada por productores y ambientalistas. Sin embargo, a la fecha se desconoce los resultados de esa mesa. Este medio se intentó comunicar con el Ministerio que maneja Rodríguez, pero hasta ahora no hubo respuestas.
LOS PUNTOS QUE PROPONEN LOS AMBIENTALISTAS
- La derogación de la Resolución 246/2018;
- Prohibición de la aplicación de agrotóxicos en los 2000 metros lindantes a zonas pobladas, escuelas, cursos de agua, y zonas de protección o resguardo ambiental.
- Prohibir las fumigaciones aéreas en todo el territorio provincial.
- Instrumentar políticas públicas y garantizar la asistencia técnica por parte del estado para la producción agroecológica
- Celebrar a la brevedad un convenio técnico ad hoc que permita a las y los pobladores de la provincia realizar de modo gratuito análisis de agua de consumo destinados a detectar y cuantificar la presencia de los agroquímicos biocidas más utilizados en la actualidad para evitar consecuencias a la salud de la población por la ingesta de agua plausible de estar contaminada.
- Se provea de modo gratuito a la población bonaerense un laboratorio público de referencia con la capacidad de realizar análisis de sangre, orina y leche materna destinados a detectar y cuantificar la presencia de los agroquímicos biocidas.
- Incorporar análisis de agrotóxicos en el examen bacterio-lógico físico y químico que se realiza anualmente para el agua potable y segura en las escuelas, bajo la responsabilidad de los Consejos Escolares .
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