El Juzgado Federal en lo Civil y Comercial y Contencioso Administrativo N°2 de San Martín hizo lugar – de forma parcial- a una medida cautelar y ordenó al gobierno de Javier Milei que se abstenga de ejecutar cualquier medida para avanzar con la disolución de la Dirección Nacional de Vialidad.
La decisión tomada por la Martina Isabel Forns, obliga al gobierno nacional a no aplicar actos administrativos derivados del Decreto 461/2025, con el que la gestión libertaria pretende concretar el cierre del organismo.
La disposición tuvo lugar tras un amparo colectivo presentado por el Sindicato de Empleados de Vialidad Nacional Casa Central – Provincia de Buenos Aires – (SEVINA), informó el sitio especializado Palabras de Derecho.
El pedido prevé que “se disponga la suspensión inmediata de los efectos del Decreto 461/2025 para los trabajadores de la Dirección Nacional de Vialidad, ordenando al Estado Nacional a abstenerse de ejecutar cualquier acto administrativo, que derive del decreto mencionado, incluyendo reubicaciones, traslados, cesantías, suspensiones, pases a disponibilidad del personal o supresión de estructuras vinculadas a la Dirección Nacional de Vialidad”.
La magistrada hizo lugar a la medida cautelar por el término de 6 meses.
Claves para entender el cierre de Vialidad Nacional y su impacto
- La Dirección Nacional de Vialidad gestionaba 39.937 km de rutas nacionales, de los cuales 36.862 km estaban pavimentados y 3.075 km sin pavimentar.
- Según el ingeniero Claudio Velazco, el 41% de las rutas pavimentadas ya se encontraba en mal estado a comienzos de 2024.
- Desde diciembre de 2023 el Gobierno no realizó inversiones en infraestructura vial, acelerando el deterioro de la red.
- El Decreto 28/2025 establece la concesión de 9.154 kilómetros de rutas nacionales en tres etapas, para su explotación privada mediante peajes.
- Velazco calcula que se necesitan casi 14.000 millones de dólares para un mantenimiento adecuado de toda la red nacional.
- Los caminos con bajo tránsito diario (TMDA) no resultan rentables para empresas privadas, por lo que quedarían abandonados.
- Se prevé un encarecimiento de costos logísticos, productos de consumo y transporte por los nuevos peajes.
- La eliminación de Vialidad Nacional implica perder el control estatal sobre el estado de las rutas, la seguridad vial y la planificación estratégica.
- Especialistas alertan que traspasar rutas a las provincias es inviable por su fragilidad fiscal: hay 640.000 km de redes provinciales, muchas sin mantenimiento.
- Se pone en juego, además, el derecho constitucional a transitar libremente, al dejar rutas aptas solo para quienes puedan pagar peajes.
