Mediante un decreto firmado por el intendente Juan Zabaleta, el municipio de Hurlingham resolvió hoy cerrarle las puertas a un eventual desembarco Farmacity en el distrito, supeditado a que la Corte Suprema de la Nación pase por encima de las leyes y los tribunales bonaerenses para lograr que la cadena de Mario Quintana, vicejefe de Gabinete, sortee sus disposiciones al respecto.
Hasta ahora, los municipios bonaerenses venían realizando declaraciones, a través de los concejos deliberantes, para repudiar o declarar la preocupación ante el avance de Farmacity, pero ninguno había dado el paso de generar un obstáculo real para el desembarco de la empresa.
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En el decreto, al que tuvo acceso INFOCIELO, el Ejecutivo reconoce “la defensa de un modelo de farmacia que, como agentes de salud, impulsan y defienden los farmacéuticos de la provincia de Buenos Aires y que se encuentra plasmado en la ley 10.606”.
Se trata de una de las normas que, en su planteo ante la Corte Suprema de la Nación, Farmacity tilda de “inconstitucional”, y que ya tiene un escandaloso dictamen a favor de parte del Procurador General, Eduardo Casal.
Además, el decreto, advierte por el “avance de grandes cadenas comerciales que pretenden establecer sus unidades de negocios en contraposición con la norma provincial”. Y hace una referencia explícita al caso Farmacity.
En su parte resolutiva, el decreto ratifica lo que esa norma dispone en cuanto “prohíbe que dentro de las farmacias se comercialicen productos diferentes a los destinados al arte de curar”. Además instruye a las direcciones pertinentes a “no autorizar la complementariedad de rubros en el ámbito de la actividad de farmacia”.
Se trata de un golpe directo al corazón del esquema de negocios de Farmacity, que vende medicamentos junto a productos de distinta índole en Capital Federal y otros distritos, siempre mediante leyes especiales sancionadas a los efectos de que lograra la habilitación. En la Provincia, la cosa parece más compleja.
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