El senador bonaerense del PRO, Marcelo Leguizamón, presentó un pedido de informes dirigido al gobernador Axel Kicillof tras el apartamiento de 24 efectivos de la Policía Bonaerense, acusados de participar en una supuesta “confabulación política” en favor del excomisario y candidato a diputado de La Libertad Avanza, Maximiliano Bondarenko y cumpliendo la función de punteros políticos dentro de la fuerza policial bonaerense.
El ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, fue quien informó sobre la separación de los efectivos. Según sus declaraciones, los policías habrían utilizado recursos estatales para diseñar un plan de respaldo político hacia Bondarenko, generando un riesgo para la institucionalidad interna de la fuerza.
Todo surgió a raíz de una denuncia anónima recibida por la Auditoría de Asuntos Internos, que contenía mensajes, audios y documentos de WhatsApp atribuidos a miembros de las llamadas “fuerzas del cielo”. Según consta, allí se proyectaban movimientos internos dentro de la Policía, incluso posibles purgas que beneficiarían políticamente a ese grupo.
Desde el Ejecutivo provincial se resolvió desplazar a los implicados. Según explicaron, el objetivo fue evitar “la apertura de un precedente autoritario”. Para Alonso, “de no actuar se abriría la puerta a insubordinaciones internas”, algo incompatible con el orden institucional.
PARA LEGUIZAMÓN “NO SE PERSIGUE AL DELITO, SE PERSIGUE AL QUE PIENSA DISTINTO”
Desde el PRO, el senador Marcelo Leguizamón fue terminante: “Mientras la Provincia se prende fuego, el Gobernador desplaza policías acusándolos de hacer política, pero no mueve un dedo para perseguir delincuentes”.
En ese marco, solicitó saber si se trató de una “purga selectiva” motivada por cuestiones ideológicas, y pidió conocer cuántos efectivos han sido sancionados anteriormente por presunta militancia partidaria.
“La seguridad no se defiende persiguiendo uniformados que piensan distinto, sino garantizando que persigan delincuentes”, sentenció el legislador platense. Además, exigió detalles sobre el proceso de auditoría interna que desembocó en sanciones tan rápidas, cuando —según él— en casos de corrupción los procedimientos suelen demorarse años.
En su presentación, también pidió que el Ministerio de Seguridad bonaerense informe las medidas tomadas para asegurar que las sanciones se apliquen con objetividad, sin sesgos políticos.
Leguizamón cerró con un mensaje directo al Gobernador: “La institucionalidad no es un show mediático, es investigar a todos por igual”.
LOS PUNTOS A EXPLICAR
Siete son los puntos que explicar en el Pedido de Informes que se presentó por parte del PRO.
1- Cómo hizo la Auditoria Interna para esclarecer tan rápido el accionar de los policías desplazados cuando para casos de presunta corrupción policial tardan meses o años en resolverlos.
2- Si se ha iniciado sumario administrativo contra los efectivos desplazados. En su caso, indique número de expediente, estado actual del trámite y fechas estimadas de resolución.
3- Cuáles fueron los criterios objetivos utilizados para determinar el pase a disponibilidad de los 24 efectivos y si existió un análisis individual de cada caso antes de adoptarse la medida.
4- Qué es lo que encontraron específicamente para determinar en forma tan rápida la participación política de los agentes desplazados.
5- Si se tuvieron en cuenta elementos objetivos o si interpretaron de forma errónea fotos entre el candidato y los agentes desplazados, sin tener en cuenta su relación de amistad previa.
6- Qué medidas adopta el Ministerio de Seguridad para garantizar que la normativa disciplinaria se aplique de manera objetiva y no selectiva según el partido político eventualmente beneficiado o perjudicado.
7- Cuál es la situación administrativa actual de los 24 efectivos desplazados y si se prevé su reincorporación en caso de no confirmarse responsabilidades.
8- Si se solicitó asesoramiento jurídico previo al dictado de estas medidas, remitiendo copia de dictámenes emitidos.