Uno de las tantas reformas incluidas en la Ley Bases que generó polémica fue la del llamado silencio positivo. Básicamente, consiste en que si el Estado no responde a un trámite administrativo en determinado plazo, la respuesta por descarte será un sí. Hoy entra en vigencia.
En el marco de una ola desreguladora, la administración libertaria impulsó el silencio en sentido positivo que hoy entra en vigencia en la administración pública nacional centralizada y descentralizada. De esta manera, una petición de ante una oficina pública que no obtiene respuestas luego de 60 días podrá ser considerada como autorizada.
A través del Decreto 971 publicado en el Boletín Oficial de este viernes, el Gobierno Nacional presentó el listado de todos los trámites que están incluidos en este régimen. Vale aclarar que el silencio con sentido positivo no aplica para cuestiones de salud, medio ambiente, prestación de servicios públicos o derechos sobre bienes de dominio público.
La norma firmada por Javier Milei y Guillermo Francos enumera los cientos de trámites que están alcanzados por el silencio positivo. Abarca áreas muy diversas como cuestiones impositivas en AFIP (o la ARCA) hasta formalidades como el cambio de nombre de un buque registrado por Prefectura Naval.
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Como se dijo, este viernes entra en vigencia para las reparticiones de la Administración Pública Central -incluidos los organismos desconcentrados-. A partir del 1° de diciembre se sumarán los organismos descentralizados para terminar de implementar la modificación.
