El interbloque de senadores y senadoras de Unión por la Patria (UxP) envió este martes una carta al Fondo Monetario Internacional (FMI) para expresar su rechazo al Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 179/25, firmado por el presidente Javier Milei. En el comunicado, los legisladores denuncian que el DNU autoriza al presidente a contraer un nuevo endeudamiento con el FMI sin pasar por el Congreso Nacional, lo cual, según argumentan, viola la Constitución Nacional y la Ley 27.612. “El DNU autoriza al presidente a endeudarse sin respetar lo que establecen tanto la Constitución como la legislación vigente”, señalaron los senadores.
La carta, dirigida a la directora del FMI, Kristalina Georgieva, y otros miembros del organismo, fue presentada después de que el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, convocara a una sesión especial para discutir el decreto. La sesión, convocada para este miércoles, buscará el apoyo de los legisladores oficialistas y de los bloques colaboracionistas para aprobar el DNU.
Qué dice el comunicado
En el texto, los senadores resaltan que el DNU es “incompatible” con la legislación argentina, específicamente con el artículo 75 de la Constitución Nacional, que establece que corresponde al Congreso Nacional “arreglar el pago de la deuda interior y exterior de la Nación” (inc.7), y que el Poder Legislativo tiene la potestad de aprobar o rechazar acuerdos con organismos internacionales (inc.22). Además, aseguran que el DNU infringe la Ley 27.612, que exige que cualquier acuerdo de financiamiento con el FMI sea aprobado por el Congreso. “Este decreto violenta la institucionalidad, al intentar cerrar un acuerdo sin transparentar los términos, como ocurrió con el acuerdo stand by de 2018 bajo el gobierno de Macri“, afirmaron los legisladores.
La carta también denuncia la falta de claridad en los términos del acuerdo, como los montos y las condiciones financieras, lo que genera sospechas de que el nuevo endeudamiento podría tener implicaciones graves para la soberanía nacional. “No se establecen las condicionalidades que el FMI impone a la Argentina, lo cual sugiere que el gobierno podría estar dispuesto a ceder activos estratégicos o implementar medidas de ajuste aún más severas”, indicaron.
Los senadores Juliana Di Tullio, José Mayans y Anabel Fernández Sagasti, quienes firmaron la carta, también criticaron el impacto del nuevo acuerdo en la deuda externa, señalando que casi triplicaría la cuota que le corresponde a Argentina, con costos adicionales en cargos y comisiones. Además, alertaron sobre el posible uso de los fondos para la “salida de capitales”, tal como ocurrió en 2018. “El gobierno argentino está desesperado por la falta de dólares; las reservas del Banco Central de la República Argentina (BCRA) son negativas en casi 6.000 millones de dólares, lo que obliga a utilizar los depósitos de los ahorristas para cubrir esa cifra“, dijeron los senadores.
Los legisladores de UxP también hicieron hincapié en que el nuevo acuerdo podría estar motivado por intereses electorales. “El gobierno busca estabilizar la situación económica a corto plazo para llegar a las elecciones legislativas de octubre con una ‘estabilidad ficticia’, para luego realizar la corrección cambiaria necesaria”, afirmaron. En ese sentido, recordaron que el acuerdo de 2018 fue utilizado por el presidente Mauricio Macri para financiar su campaña electoral, y pidieron que el FMI evite que se repita la misma situación con el presidente Milei. “Es crucial evitar que el nuevo acuerdo sirva solo para financiar la campaña de Milei, cuando millones de argentinos ya sufren las consecuencias de políticas de ajuste”, remarcaron.
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Mientras el candidato de Hechos Manuel Passaglia denuncia los "papelones" de la política, su propio apellido lleva más de 20 años anclado en cargos públicos, con licencias cruzadas y permanentes rotaciones familiares.
Finalmente, los legisladores sostuvieron que la aplicación de las mismas políticas de ajuste y especulación financiera solo traerá más resultados negativos. “La única forma de revertir esta situación es mediante un modelo económico que priorice la producción, el trabajo nacional y la mejora de la calidad de vida de la sociedad”, concluyeron, asegurando que si se firma el nuevo acuerdo bajo estas condiciones, no lo reconocerán como válido.
