Se dispuso a través de un nuevo decreto que rige desde hoy y actualiza una norma con 22 años de atraso. De esta manera, Buenos Aires se posiciona como pionera en la materia a nivel nacional. El Organismo Provincial de Desarrollo Sostenible (OPDS) es la autoridad de aplicación.
A partir del nuevo decreto (1074/18) que reglamenta una de las primeras leyes ambientales de la Provincia (5965/58), los establecimientos generadores de emisiones gaseosas deberán cumplir con nuevos estándares internacionales fijados por la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos (EPA, por sus siglas en inglés) para determinar los niveles adecuados de la calidad del aire.
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Se trata de las industrias y otros generadores de emisiones gaseosas ubicadas en el territorio bonaerense, como las metalúrgicas, petroquímicas, fundiciones, farmacéuticas, químicas en general, fabricantes de pintura, silos y estaciones de servicio, entre otras.
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“Creemos que esta nueva norma representa un cambio muy importante porque optimiza los niveles de calidad del aire ya que actualiza los parámetros fijados en 1996, hace 22 años, por la EPA”, resaltó Manuel Frávega, subsecretario de Fiscalización y Evaluación Ambiental del Organismo Provincial de Desarrollo Sostenible (OPDS), organismo que en agosto pasado inició una relación de cooperación mutua con la EPA.
“También incorpora como parámetro un indicador de contaminación urbana denominado PM 2,5 que se refiere al tamaño mínimo que deben tener las partículas en suspensión en el aire”, precisó Frávega.
Las actualizaciones que dispone el nuevo decreto firmado por la Gobernadora María Eugenia Vidal y publicado en el Boletín Oficial, posiciona a la Provincia de Buenos Aires como pionera en la materia a nivel nacional. La implementación de la norma, que comenzó a debatirse en 2005, será progresiva: abarca tres etapas para que los laboratorios y los establecimientos emisores de gases se adapten a los nuevos parámetros.
Otro cambio importante es el aumento de los plazos de duración de los permisos, que pasarán de 2 a 4 años. De esta manera, las Licencias de Emisiones Gaseosas a la Atmósfera (LEGA), tal como se denominan a partir de ahora, siguen los lineamientos que se utilizan en la mayoría de los países del mundo donde se otorgan plazos más largos, de entre 5 y 10 años.
“Estos nuevos plazos van en línea con la política de gestión del Gobierno Nacional y Provincial que apuntan a la simplificación de trámites y a tornar más eficiente la gestión pública. El objetivo es disminuir la carga administrativa y migrar el foco de nuestra gestión hacia la fiscalización de la calidad del aire”, destacó Frávega.
El nuevo decreto también incorpora un glosario de definiciones más específico y claro para brindar certeza jurídica en relación a los planteos sobre las emisiones gaseosas y, además, establece que la Provincia brindará información actualizada sobre la gestión de la calidad del aire, como las licencias otorgadas y denegadas, la superación de los límites permitidos, entre otras.
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