Más temprano que tarde, la empresa de agua y cloacas que opera en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) dejará de pertenecer al Estado nacional. El Gobierno Nacional de Javier Milei viene hablando de su privatización desde sus inicios, pero en las últimas semanas aceleraron el proceso. Hoy, finalmente, la pusieron a la venta.
En el Boletín Oficial de este miércoles salió el Decreto 494/25 que autoriza “la privatización total” de AySA. Según la norma que firmaron el presidente Milei y su ministro de Economía, Luis Caputo, el Estado nacional va a vender todas las acciones que tiene (que representan el 90% del capital social de la empresa). El 51% de ese paquete va a ser vendido a través de una licitación pública nacional e internacional “a un operador estratégico” y el resto se va a comercializar en “bolsas y mercados”.
La venta de estas acciones implicará el ingreso de dólares frescos a las arcas nacionales y justo se pone en marcha hoy cuando los agroexportadores dejaron de inyectar divisas en el mercado libre de cambios tras la finalización del esquema de retenciones rebajadas. También coincide con el informe elaborado por el Fondo Monetario Internacional (FMI) que habla de reservas internacionales netas “crítricamente bajas” en el Banco Central (BCRA).
Ese panorama se completa con la presión cambiaria de las últimas semanas. No solo por los pedidos de más competitividad que llegan desde distintos sectores de la economía, como el turístico o el campo, sino también por lo que está pasando en los mercados. Durante las últimas jornadas, el dólar aumentó considerablemente y llegó a estar cerca de la banda superior ($1.400) del sistema de flotación. Hoy en día, el blue cotiza por encima de los $.1300 y en el Banco Nación abrió en $1.275 tras cerrar la jornada de ayer en baja.
En este contexto llegó la venta de AySA, empresa que provee de agua y saneamiento a unos 14 millones de habitantes. Anteriormente, la administración libertaria había puesto en marcha una “reestructuración” de la compañía que se tradujo en aumentos de tarifas (de más del 300%), despidos (más de 200 según el gremio ATE) y cancelación de obras de infraestructura.
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