La low cost chilena de capitales norteamericanos JetSmart, que opera en el controvertido aeropuerto de El Palomar, volvió al centro de la polémica luego de que el gobierno de Mauricio Macri le autorizara crear un sindicato propio. El hecho se suma a lo ya ocurrido con el gremio que habilitó el Poder Ejecutivo a Flybondi.
A menos de 12 días de dejar el gobierno, la administración macrista publicó en el Boletín Oficial la Resolución 1325/2019 a través de la cual el Ministerio de Producción y Trabajo oficializó la inscripción de la “Asociación Sindical de Trabajadores de Jetsmart”.
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Sin embargo, representantes de los gremios aeronáuticos lanzaron duras críticas al nuevo gremio y lo tildaron de “trucho e ilegal”. Por ese motivo, solicitarán al nuevo gobierno nacional que asumirá el 10 de diciembre que deje sin efecto dicha resolución y anule su inscripción gremial. En ese línea, también denunciaron que el “sindicato ilegal” es una “devolución de favores” de Macri a JetSmart –cuyo dueño, el norteamericano William Franke, participó del vaciamiento de Aerolíneas Argentinas y Austral en los ’90 y la dejó al borde la quiebra en 2001-, pero que no tiene ninguna validez jurídica.
Desde las organizaciones de trabajadores aeronáuticos aseguraron que este no es el único caso creado por el macrismo, sino que este fue precedido por el de Flybondi que quedó envuelto en el escándalo cuando se supo que está liderado por Matías Miret. Se trata del “narcopiloto” que estuvo dos años preso en España por pilotear el avión de los hermanos Julía con una tonelada de cocaína a bordo tras haber despegado desde El Palomar hasta Barcelona.
No es la primera vez que Jetsmart es denunciada por presuntas irregularidades y “favores” que recibe del gobierno de Mauricio Macri. De hecho, la low cost es cuestionada por hacer vuelos de cabotaje en el país con una licencia ilegal. La aerolínea no sólo acumula una larga serie de incidentes desde que comenzó a volar en Argentina, además fue denunciada por tener estrechos vínculos con altos funcionarios del gobierno de Mauricio Macri. El CEO en el país, Gonzalo Pérez Corral, está fuertemente relacionado con el secretario de Energía de Macri, Gustavo Lopetegui y ex CEO de LAN. También se sospecha que Lopetegui habría conseguido ingresar como un importante accionista en la low cost tras haberle facilitado a la empresa un lugar en el polémico aeropuerto El Palomar, que hasta ese momento utilizaba sólo Flybondi.
El conflicto sin resolución en el polémico aeropuerto de El Palomar
En la actualidad, operan en El Palomar las low cost Flybondi y JetSmart mientras que el aeropuerto es rechazado en forma masiva por los vecinos de los seis municipios de la zona que reclaman por la contaminación y ruidos que padecen (Hurlingham, Morón, La Matanza, Tres de Febrero, San Martín y San Miguel) desde que el predio militar comenzó a operar vuelos comerciales en febrero de 2018.
A fines del 2017, el gobierno de Macri permitió a Flybondi usar comercialmente esa unidad militar, lo que le valió a la empresa un ahorro millonario porque en El Palomar las tasas aeroportuarias son 70 por cientos más bajas que en Ezeiza y Aeroparque. Es que cuentan con un subsidio del Estado Nacional a favor de las low cost que operan allí, subsidio que es pagado con dinero de los impuestos de todos los argentinos.
Sin embargo, el 16 de abril pasado la Corte Suprema de la Nación decidió intervenir en la causa y ya comenzó a exigir explicaciones al gobierno nacional por los presuntos delitos e irregularidades cometidos en la habilitación comercial de la unidad militar.
En tanto, Enrique Piñeyro, el piloto que anticipó la tragedia de LAPA, calificó al aeropuerto El Palomar como “un disparate” y afirmó que Buenos Aires no necesita tres aeropuertos comerciales, ya que Ezeiza y Aeroparque son suficiente.
Por su parte, los dirigentes aeronáuticos Pablo Biró (APLA), Edgardo Llano (APA) y Ricardio Cirielli (APTA), expresaron que en la industria se sospecha que Flybondi y JetSmart tendrían fuertes vínculos con cárteles mexicanos del narcotráfico y “de allí la necesidad de habilitar los vuelos comerciales desde El Palomar para estar fuera del control de los verdaderos aeropuertos comerciales habilitados de Buenos Aires, como Aeroparque y Ezeiza”.
Desde julio de 2018, rige la solicitud de clausura definitiva del aeropuerto del fiscal federal Di Lello, quien alertó que la justicia debe actuar “antes que se caiga un avión y haya que lamentar centenares de muertos entre pasajeros y vecinos de El Palomar y alrededores”.
JetSmart junto con Flybondi operan en el cuestionado aeropuerto de El Palomar sobre el cual rige el pedido de cierre definitivo del Fiscal Federal Di Lello
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