La concentración de militantes a favor y en contra de la vicepresidenta de la Nación, Cristina Kirchner, luego de que se conociera el pedido de condena por parte de la fiscalía en la conocida como Causa Vialidad, provocó la detención del diputado provincial Adrián Grana, hecho que alertó al Frente de Todos.
“La policía de Larreta estuvo equivocando el objetivo, les parecíamos más preocupantes nosotros que llegamos después de los escrachadores y odiadores seriales, fuimos a proteger la casa de la vicepresidenta”, señaló el legislador bonaerense en diálogo con FM Cielo.
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Según expresó, los manifestantes opositores coreaban a favor del fiscal Diego Luciani y se “identificaban con el macrismo”. Para el diputado de Morón, que estuvo detenido solo una hora porque tiene fueros y legalmente no puede ser detenido, el episodio “fue una locura” porque la policía “estaba permanentemente hostigándonos”.
“Ahí no había dos barrabravas en tensión, estábamos quienes nos convocamos a defender a la vicepresidenta ante la agresión a su casa. Le dieron cobertura para demostrar que a Cristina Kirchner no la quiere le pueblo, lo que nos parece una locura porque ella es la única esperanza y por eso la quieren meter presa”, aseguró en su análisis.
Grana es diputado provincial desde 2019 por el Frente de Todos y previamente había tenido su paso por el Congreso nacional, es referente de la corriente Lealtad, un movimiento dentro del oficialismo.
El legislador aseguró que los manifestantes opositores que se acercaron allí “están incentivados por los medios de comunicación que les dicen barbaridades y mentiras; es peligroso, para el macrismo solo se garantizan los derechos de quienes sostienen sus posiciones”.
Por eso sostuvo que al convivir dos facciones con pensamientos diferentes “no tendría que haber problemas”, pero marcó que “vienen trabajando en hacer desaparecer al peronismo, nos quieren sacar del mapa de la política a la principal referente del peronismo y para los planes de esta gente trabajan desde un sector de la Justicia y los medios”, a lo que agregó que “cada vez que quieran expresar odio, vamos a estar nosotros expresando el amor” porque “hay un linchamiento mediático. hay una intencionalidad política detrás de la investigación judicial”.
Cabe mencionar que la causa Vialidad tiene como uno de los principales testigos al exadministrador de Vialidad y actual intendente de Capitán Sarmiento, Javier Iguacel, a quien el diputado Grana junto con quienes eran sus pares de banca en el Congreso, Rodolfo Tahilade, Leopoldo Moreau y Carlos Castagneto, impulsaron una de las causas por estafas a favor de las empresas concesionarias en perjuicio del Estado, por la que Iguacel fuera procesado.
Esa denuncia tuvo que ver con una falsa demanda por parte de las concesionarios que denunciaban falta de pago de mejoras y obras que habían hecho en el marco de la concesión y, especulando con que cambiaba el Gobierno, hicieron la denuncia apócrifa. Según Grana, fue ahí que Mauricio Macri le pidió a Guillermo Dietrich que acuerde con las empresas, a las que supuestamente les dieron 500 millones de dólares.
Cristina Kirchner: “Nunca fueron ni serán democráticos”
La vicepresidenta se hizo eco de los incidentes frente a su domicilio y cargó contra el Jefe de Gobierno porteño. “Lo único que le faltaba a Rodríguez Larreta para ser Macri: la policía de la ciudad reprimió con palos, gas pimienta y gases lacrimógenos a ciudadanos y ciudadanas que se acercaron a Juncal y Uruguay como muestra de apoyo frente a los insultos de un grupo de energúmenos macristas”, publicó a través de sus redes sociales.
“Jamás, ningún militante ni simpatizante de nuestro espacio político ha ido al domicilio de ningún dirigente macrista a insultarlos. Ni a la casa de Macri, ni a la de Rodríguez Larreta, ni a la de Bullrich o Vidal”, agregó.
Y concluyó: “Son muy, pero muy violentos… y cuando son menos, la policía de Rodríguez Larreta se suma a la agresión contra mi persona. Nunca fueron ni serán democráticos”.
Cristina Kirchner enfrenta a la Justicia en el marco de la causa vialidad. Hoy el fiscal Luciani realizó el pedido de condena para la vicepresidenta y expresidenta, y pidió 12 años de prisión, además de la inhibición para ejercer cargos públicos. Cristina pidió ampliar su declaración, pero el tribunal rechazó el pedido.
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