Los bloques opositores que integran la Cámara de Diputados de la Nación lograron convocar a una sesión especial para volver a tratar todos los proyectos y dictámenes que tienen estado parlamentario vinculados a la Ley de Alquileres. Juntos por el Cambio confiba en conseguir el quórum suficiente para discutir el tema, algo que finalmente ocurrió y el debate inició pasado el mediodía.
La propuesta de derogar la normativa fue rechazada y Juntos busca dar luz verde a su proyecto de reforma. El 5 de julio pasado fue la última vez que el Congreso se reunió para debatir el asunto, pero el Frente de Todos (ahora Unión por la Patria) no bajó al recinto para frenar la actividad.
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Juntos por el Cambio aportaría 117 diputados (sumando la reciente incorporación de José Luis Espert), el interbloque Federal tiene otras 8 bancas, Provincias Unidas otras cuatro y así llegarían a los 129 diputados sentados en sus bancas.
En medio del debate, los bloques de la oposición habrían acordado modificaciones al dictamen de minoría, por lo que la actualización de los alquileres será cada cuatro meses, a partir del acuerdo sobre un índice, como el de precios al consumidor (IPC), el de precios mayoristas (IPM), el índice de salarios del INDEC (IS) o una combinación de ellos.
El sector mayoritario de la oposición busca modificar esos dos aspectos. El presidente del bloque PRO, Cristian Ritondo, confirmó en la Expo de Real State que pretenden que “la regla del juego sea la libertad entre partes para poder pactar”.
En concreto, esto implicaría una mayor flexibilidad en la duración de los contratos y en la elección del mecanismo de actualización. Si logran su cometido, se podría volver a un esquema de contratos de dos años de duración y actualizaciones de 3, 6 o 12 meses, de acuerdo a lo que arreglen en cada caso propietarios e inquilinos.
La postura del oficialismo: incentivos fiscales para aumentar la oferta
En la antesala de lo que promete ser una jornada caliente en el Congreso, el Frente de Izquierda adelantó que no va a contribuir con el quórum porque rechazan las iniciativas de Juntos por el Cambio. Mientras tanto, el Frente de Todos emitió ayer un comunicado para dar a conocer su postura. En primer lugar, denunciaron que la sesión fue convocada para “montar un show electoralista”.
“Estamos comprometidos para resolver el problema en serio, con propuestas concretas y realizables, a resguardo de los derechos de las y los inquilinos”, señaló el bloque mayoritario. Desde el oficialismo reconocieron la necesidad de “ampliar la oferta de viviendas en alquiler” y propusieron hacerlo a través de incentivos tributarios.
Por su parte, el ministro de Economía de la Nación, Sergio Massa, planteó días atrás que debería establecerse un marco general con el Código Civil y que luego sea cada Legislatura provincial la que regule los contratos de acuerdo a sus particularidades.
El rechazo de los inquilinos
En medio de este debate político, hay, básicamente, dos actores sociales en tensión: las empresas inmobiliarias y los inquilinos. Las cámaras que nuclean a las primeras consideran “urgente y necesario” modificar 2 artículos de la Ley de Alquileres. Uno es el que establece la duración mínima de los contratos de vivienda y el otro es el que refiere a la actualización del precio.
Paralelamente, esos son los dos puntos fundamentales que defienden las entidades que nuclean a inquilinos. En este contexto, la organización porteña Inquilinos Agrupados presentó una nota ante la presidenta de la Cámara, Cecilia Moreau, pidiendo que los legisladores dedicados a la actividad inmobiliaria o con inmuebles en alquiler se abstengan de votar por tener conflictos de interés.
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