El gobierno de Javier Milei dio un paso importante en su agenda de privatizaciones al preadjudicar la empresa metalúrgica y energética mendocina IMPSA a la firma estadounidense ARC Energy. Este proceso marca la primera privatización de su gestión y se ha convertido en un tema central del debate político y económico en Argentina. La toma de posesión de la empresa está prevista para mediados de febrero de 2025.
La licitación, que se llevó a cabo en octubre de 2024, contó con ARC Energy como único oferente. La empresa estadounidense presentó una propuesta por 27 millones de dólares, de los cuales 7 millones se abonarán inicialmente, con el saldo restante previsto para el año siguiente. Uno de los principales objetivos de ARC Energy es renegociar contratos clave con entidades como YPF, Nucleoeléctrica Argentina, Yacyretá y el Ministerio de Defensa, además de buscar acuerdos con los acreedores de IMPSA, que incluyen al Banco Nación, el BID y el BICE. La deuda de la empresa ronda los 570 millones de dólares.
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Detalles y polémicas de la privatización
Sin embargo, la privatización no solo se limita al reordenamiento financiero de IMPSA. La firma estadounidense también tiene planes de expandir las operaciones de la compañía en Estados Unidos, enfocándose en la fabricación de grúas para puertos y en el mantenimiento de centrales hidroeléctricas. En este sentido, los directivos de ARC Energy señalaron que están trabajando para cerrar acuerdos con los acreedores de IMPSA antes de la toma de posesión, lo que podría asegurar la estabilidad financiera de la empresa.
La privatización se enmarca en un contexto de tensiones sociales, ya que IMPSA, que fue estatizada en 2021 durante el gobierno de Alberto Fernández, sigue siendo un actor clave en sectores estratégicos como la energía hidroeléctrica y nuclear. En su momento, el Estado argentino había adquirido el 63,7% de las acciones de la compañía, mientras que la provincia de Mendoza se quedó con el 21,2%. La privatización también genera preocupación entre los 660 empleados de la empresa, quienes han experimentado retrasos en el pago de salarios. Aunque la gerencia ha prometido que los salarios se abonarán en los próximos días, la incertidumbre sobre el futuro laboral es uno de los puntos más sensibles de este proceso.
Por otro lado, el vínculo de ARC Energy con donantes de la campaña presidencial de Donald Trump aportó una dimensión geopolítica a la privatización, ya que la firma estadounidense tiene intereses estratégicos en la infraestructura energética y portuaria, lo que podría alinearse con los planes de la administración de Trump en términos de inversión y expansión de infraestructura global.
En resumen, la privatización de IMPSA se presenta como una de las primeras medidas del gobierno de Milei para avanzar en su plan de apertura al mercado y reducir la participación del Estado en sectores clave. Sin embargo, el proceso enfrenta tanto desafíos económicos y laborales como una creciente tensión geopolítica, lo que hace que su desarrollo futuro sea incierto y estrechamente observado tanto a nivel nacional como internacional.
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