Axel Kicillof, gobernador de la provincia de Buenos Aires, presentó un proyecto de Ley para agilizar las resoluciones de los reclamos laborales en el ámbito bonaerense. En su discurso de apertura de las sesiones ordinarias, Kicillof había anticipado este proyecto y lo materializó hace unas horas atrás ingresando el proyecto por la Cámara de Senadores.
Según la iniciativa, la Instancia de Conciliación Laboral Obligatoria Prejudicial (ICLOP) tendrá a su cargo la asignación, supervisión y control de los trámites laborales que se inicien conforme a esta nueva normativa. El objetivo es canalizar los conflictos laborales a través de una instancia de conciliación previa a cualquier reclamo judicial.
A partir de su puesta en marcha, los trabajadores que tengan un conflicto podrán iniciar el trámite directamente ante el ICLOP. El Ministerio de Trabajo será el encargado de caratular el expediente y realizar el sorteo del conciliador a partir del Registro de Conciliadores Laborales. Una vez designado, este deberá fijar la fecha de audiencia entre las partes.
“El plazo de la instancia de conciliación será de hasta 20 días desde la notificación al requerido”, detalla el texto del proyecto enviado por el Ejecutivo. Además, se prevé la posibilidad de que las partes soliciten una audiencia de acuerdo espontáneo ante el Ministerio en caso de haber alcanzado un entendimiento previo por fuera de este procedimiento.
Con esta propuesta, el gobierno bonaerense apunta a agilizar la resolución de conflictos laborales y descomprimir la carga judicial, promoviendo soluciones más rápidas y consensuadas entre empleadores y trabajadores en un contexto de despidos en varias empresas.
En el texto del proyecto se asegura que, según datos de la Suprema Corte de Justicia el total de causas laborales pasó de 46.218 en 2007 a las 105.235 en 2023, además de sostener que por datos del INDEC, la actividad económica cayó un 3,2% en 2024 y sería una de las causales más importantes de los despidos. En otro párrafo, el Ejecutivo asegura que “en los primeros seis meses del gobierno de Milei se perdieron 67.422 empleos privados en la Provincia.”
Según la iniciativa, “no implica una invasión de la administración pública en nuevos ámbitos, ni un impedimento para el acceso irrestricto a la justicia, sino muy por el contrario, permite que trabajadores y trabajadoras que necesiten y requieran acordar con empleadores/as, lo puedan hacer en menor tiempo, en una instancia administrativa, que respeta principios laborales, derechos y garantías constitucionales”.
