El Senado de la Nación aprobó, por empuje de la oposición, la declaración de “emergencia ambiental, económica y habitacional” en la provincia de Córdoba, por un plazo inicial de 180 días, prorrogables por decisión del Poder Ejecutivo Nacional.
Este proyecto busca atender las consecuencias de los incendios que afectan a las Sierras de Córdoba y otros departamentos, que comenzaron en el mes de agosto y que todavía cuenta con focos de gran tamaño. La iniciativa incluye medidas para restaurar y prevenir nuevas emergencias en las zonas afectadas, y su aprobación final ahora depende de la Cámara de Diputados.
El proyecto propone acciones concretas, entre ellas, la creación de un fondo especial para la reconstrucción de infraestructura y la recuperación de las actividades económicas en las áreas impactadas. Estas medidas estarán enmarcadas dentro del Sistema Federal de Manejo del Fuego y la Gestión Integral de Riesgos, coordinadas con los gobiernos provinciales y municipales. También se prevé la implementación de líneas de crédito con tasas bonificadas para la reparación de viviendas y la reactivación de sectores productivos.
Durante la votación, el proyecto recibió 55 votos positivos y 3 abstenciones, todas provenientes de La Libertad Avanza, lo que generó fuertes críticas de sectores de la oposición, incluyendo al PRO. El cordobés Luis Juez, uno de los principales impulsores del proyecto, cuestionó la falta de asistencia del Gobierno Nacional ante la situación crítica que atraviesa la provincia, y con vehemencia, exigió más apoyo para Córdoba: “¿Qué más tiene que pasar en mi provincia para que se den cuenta de la gravedad de la situación?”.
El texto también incluye la posibilidad de suspender por 90 días juicios y procedimientos administrativos contra los afectados por la emergencia, con el fin de brindar alivio a las familias y emprendedores. Sin embargo, uno de los puntos más debatidos fue la falta de detalle sobre el monto y la fuente de financiamiento de la partidas extraordinarias, lo que podría ser un obstáculo para la promulgación final de la ley, especialmente ante la postura fiscal estricta del presidente Javier Milei, quien reiteró que no comprometerá el equilibrio fiscal en su gestión.
El debate sobre el proyecto fue incorporado al temario con el apoyo de todas las bancadas y se centró en la necesidad de una respuesta rápida y efectiva. Según Juliana Di Tullio, senadora del kirchnerismo, la situación ambiental en el país “retrocede” mientras avanza la crisis climática, en parte debido a la falta de recursos para el manejo del fuego.