La renovación de la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires se coloca de a poco en el centro de la agenda del oficialismo y de la oposición. Hoy, el máximo tribunal de la Provincia cuenta con cuatro miembros –Hilda Kogan, su presidenta, junto a Sergio Torres, Daniel Soria y Luis Genoud– está al filo de quedarse sin quórum. Hay tres vacantes para completar y el gobernador Axel Kicillof no muestra apuro por hacerlo.
“La cobertura no será inmediata”, anticipaba hace quince meses el ministro de Justicia, Julio Alak. Era cierto. Por entonces las sillas vacías eran dos, aunque estaba al caer la renuncia de Eduardo Pettigiani, que se hizo efectiva en marzo de este año. Puede haber más, porque Hilda Kogan, la actual presidenta, y Luis Genoud, ministro -ambos salpicados en el escándalo de las vacunas VIP-, superaron la barrera de los 75 años, que en Provincia es más ética que legal.
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Hoy, oficialismo y oposición buscan consensuar nombres para completar dos sillas. Los acuerdos se tejen con paciencia y en etapas. Primero, puertas adentro; después, frente a los adversarios.
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Hermetismo en el Frente de Todos
“Bien bonaerenses, que conozcan la Provincia. Y que orbiten lejos de Comodoro Py”. Así resumen el perfil de la búsqueda en Calle 6.
La mención de los Tribunales Federales de la Capital Federal no es gratuita. Desde hace unos años, la Justicia bonaerense empieza a mostrar los vicios que infectan a esas oficinas de Retiro. Lawfare, espionaje ilegal, causas armadas, presiones y cajoneos que llevan la marca registrada del macrismo puro y que muchos atribuyen a la influencia del procurador militante del PRO, Julio Conte Grand. Lo dijeron jueces que se sintieron presionados y hasta un miembro de la Suprema Corte –Eduardo De Lázzari, fallecido hace poco más de un año.
Lo de “bien bonaerense” tampoco es inocente. La última incorporación a equipo supremo fue Sergio Torres, un magistrado proveniente de la Justicia Federal, al que se le complicó -y mucho- demostrar los años de residencia en la Provincia de Buenos Aires que le exigía la Constitución.
Hasta ahora sonaron varios nombres. Uno de ellos es el de Daniel Carral, juez de Casación penal y militante de Justicia Legítima. Otro es el de Ramiro Gutiérrez, ex diputado del Frente Renovador, muy conocedor de los pasillos de los tribunales bonaerenses. Pero en el Gobierno dicen que son puras operaciones y especulaciones.
Más allá de las chicanas, lo que sobra es hermetismo. Cerca de Axel Kicillof no dan pistas. Toman sus precauciones: creen que ni bien se deslice un nombre, será objeto de presiones y denuncias. “No queremos que se desgaste”, sostienen, en clave comunicacional. De paso, le ceden la iniciativa a la oposición para que nombre sus candidatos.
Todos piden en la oposición
La cosa tampoco está fácil allí. Hay un solo lugar y, como es lógico, se lo disputan las dos tribus mayoritarias de Juntos. Antes de sacarse los ojos, llevaron ante Axel Kicillof una propuesta para quedarse con dos lugares. Como era de esperar, les dijeron que no.
Hasta ahora, la UCR logró instalar a Marina Sánchez Herrero, quien preside el Concejo Deliberante de Mar del Plata, fue consejera de la Magistratura Nacional y es la esposa del líder radical Maximiliano Abad.
Se prevé que el PRO querrá postular a alguien. La Coalición Cívica tiene una apuesta diferente: “¿Por qué Juntos no avanzaría en conjunto?”, se preguntó un legislador del espacio ante la consulta de este portal.
Se sabe además que los últimos acuerdos logrados entre ámbos márgenes de la grieta generaron pases de factura y movimientos entre los amarillos, que de a poco adoptan una postura intransigente frente a Axel Kicillof.
En Calle 6 se guardan la tercera vacante bajo la manga y dejan correr el tiempo para que haga su trabajo de desgaste en las filas enemigas.
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