La Sociedad Argentina de Autores y Compositores de Música (SADAIC) intimó judicialmente al vocero presidencial Manuel Adorni por sus declaraciones en la conferencia de prensa del 18 de julio. En ese encuentro con periodistas, el vocero del gobierno de Javier Milei aseguró que la entidad cobraba derechos de autor “de forma abusiva” y que los fondos “quedaban en manos de quienes controlaban la entidad”.
Según el Directorio de SADAIC, integrado por figuras como Patricia Sosa, Facundo Saravia, Paz Martínez y Víctor Yunes, esas afirmaciones constituyen una “calumnia grave, falsa e infundada” que daña el honor personal de sus autoridades y la imagen institucional de la organización.
La carta documento y las posibles consecuencias legales
La carta documento enviada a Adorni exige una retractación pública en un plazo de cinco días hábiles, bajo apercibimiento de iniciar acciones penales y civiles. Los delitos invocados incluyen calumnias (art. 109 CP), injurias (art. 110 CP) y falsa imputación de administración fraudulenta (art. 173 inc. 7 CP).
Desde la entidad señalaron que los dichos del vocero afectan la credibilidad y la transparencia con la que SADAIC afirma desempeñar su función, de acuerdo a la Ley 17.648, como sociedad sin fines de lucro encargada de la gestión colectiva de los derechos de autor.
Un conflicto más amplio con la gestión de Milei
El enfrentamiento entre el Gobierno y las entidades de gestión colectiva no es nuevo. Con el Decreto 765/24, el oficialismo eliminó el pago de derechos por la reproducción de obras en “ámbitos privados”, afectando ingresos de artistas. Más tarde, el Decreto 138/25 introdujo la desregulación en el cobro de derechos de autor, obligando a los compositores a negociar individualmente con grandes empresas.
Desde SADAIC advierten que esta reforma debilita a los autores frente a las corporaciones, y que la falta de pago en eventos musicales —que siguen utilizando obras protegidas— constituye una violación al derecho constitucional de propiedad intelectual.
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