El pasado viernes 25 se cumplieron seis meses del asesinato del mapuche Rafael Nahuel, un caso que resonó a nivel nacional por ocurrir en sintonía con la desaparición y muerte de Santiago Maldonado.
De hecho, el mismo día que Nahuel era asesinado de un tiro por la espalda en la comunidad Lafken Winkul Mapu de Villa Mascardi, Bariloche, se velaba el cuerpo de Maldonado en la su comunidad natal, 25 de Mayo.
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En ambos casos, todavía no hay ni una sola persona imputada o detenida por sus muertes. Por el contrario, la justicia avanza contra miembros mapuches y desestima las pruebas que apuntan contra miembros de la Prefectura.
En el caso de Maldonado, la causa parece desviar el hecho que, a pesar de que se constató que el joven murió ahogado, las fuerzas de seguridad arribaron al predio mapuche disparando y corriendo a sus integrantes.
Por su parte, el asesinato de Rafel Nahuel es aún más claro en cuanto a las responsabilidades de los miembros del grupo Albatros de Prefectura. El joven mapuche de 22 años murió luego de recibir un tiro por la espalda. La bala pertenecía a un arma 9 milímetros, el calibre que utiliza la fuerza.
Además, el peritaje determinó que se dispararon más de cien disparos en una misma dirección y tanto “rafita” como sus dos compañeros, Fausto Jones Huala y Lautaro Alejandro González, no presentaban rastros de pólvora en sus manos.
Eso echó por tierra la repetida versión de la ministra Patricia Bullrich, quien, al igual a lo ocurrido con la desaparición de Maldonado, defendió instantáneamente a las fuerzas y en este caso, hasta llegó a hablar de “enfrentamiento”, justificando la represión y la muerte de Rafael Nahuel.
Sin embargo, tras haberlos detenido y liberado, hoy la justicia podría volver a encerrar a Jones Huala –hermano del líder mapuche Facundo- y González.
Hace poco, el juez Eduardo Rafael Riggi sostuvo que además de existir riesgo de fuga y peligro de entorpecimiento de la investigación, formar parte de un movimiento mapuche es un elemento que “revela un estado de beligerancia y de confrontación con las autoridades legalmente constituidas”.
Comparando, increíblemente, el pertenecer a un pueblo como el mapuche con integrar un grupo de un “que revela un estado de beligerancia” hacia el gobierno.
El empresario interesado en el desalojo de la comunidad a la cual pertenecía “rafita”, Eugenio Breard, es dueño del lujoso Country Club Cumelén en Villa La Angostura.
A pesar que el juez a cargo de la causa, Gustavo Villanueva, había rechazado su solicitud, en marzo pasado el empresario volvió a pedir el desalojo de la comunidad.
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