El Centro de Economía Política Argentina (CEPA) elaboró un informe en donde analizan en profundidad las medidas económicas del gobierno de Javier Milei, precisamente de la reciente Ley Ómnibus: “es el tercer hito en contra de los trabajadores y con beneficios al poder económico“, analizaron.
Estos tres hitos, o pasos para poner a la Argentina en remate, se traducen en tres medidas que impulsó el Gobierno: el Plan Licuadora de Caputo del 12 de diciembre, que supuso una devaluación del 120%; el DNU “Ley de la Selva” de Sturzenegger, con desregulaciones en amplios sectores económicos; y la “Ley Argentina en Venta –mal llamada Ómnibus-“.
El estudio se divide en tres partes y analiza los principales ejes del proyecto presentado recientemente por el Gobierno: Primero, los beneficios al poder económico. Segundo, los ataques al empleo público, haberes jubilatorios y criminalización de la protesta. Tercero, se analiza una nueva tanda de propuestas desregulatorias y sus impactos sectoriales.
Beneficios al poder económico
Uno de los principales puntos es el desguace del patrimonio público mediante la declaración de 41 empresas del Estado como “sujetas a privatización”. “El argumento oficial de reducir el déficit se demuestra falso ya que muchas de estas empresas son superavitarias y no representan una carga para el fisco“, explicaron.
Además, esto incluye la liquidación del Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la ANSES. En este caso, se ordena la liquidación y venta de las acciones de las principales compañías privadas que este Fondo tiene en su cartera. “Un viejo anhelo del poder económico“, describieron.
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El proyecto habilita además un blanqueo “generoso” combinado con una fuerte reducción del Impuesto a los Bienes Personales. Otro de los proyectos que más beneficiará al poder económico es la creación del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones. “Aquí nos encontramos con otro caso en donde la preocupación por el déficit público pareciera suspenderse“.
Ataques al empleo público, jubilaciones y criminalización de protestas
Como complemento a estas reformas que benefician al poder económico, se avanza en reformas contra el movimiento obrero y las y los trabajadores en general. Por un lado, se prevén despidos en el sector público, no sólo entre los contratados sino incluso afectando la estabilidad de la planta permanente.
Además, se suspende la fórmula de movilidad previsional y se la reemplaza por aumentos discrecionales del PEN, lo que habilita a una fuerte licuación de los haberes en un contexto de aceleración de la dinámica inflacionaria.
Estos ataques a las condiciones de vida de los trabajadores y jubilados se complementan con reformas que apuntan a la criminalización de la protesta social, que suponen modificaciones al Código Penal para ampliar márgenes de imputación a quienes organicen o participen de protestas.
Propuestas desregulatorias y sus impactos sectoriales
El proyecto de ley incluye una liberalización del sector de hidrocarburos, que implica no sólo la privatización de YPF sino el abandono del autoabastecimiento y la soberanía energética, y virar hacia una lógica de maximización de la renta.
En materia aduanera se incrementaron alícuotas de derechos de exportación. “Esta política estuvo atravesada por el poder de lobby de algunos sectores que lograron un 0% de retenciones, y otros que lograron una alícuota menor al 15% que se había establecido“.
Otras desregulaciones y reformas incluidas en el proyecto tienen grave impacto ambiental. Se trata de la Ley del Manejo del Fuego y Bosques, que autoriza tácitamente la quema y habilita los desmontes, sumado a la desregulación pesquera, que elimina el establecimiento de cuotas por buque, por zona o por tipo de flota.
Además se desregulan otras actividades como Seguros, Turismo, se habilita la importación de azúcar, se deroga la ley de precio uniforme del libro, se habilita la reventa de entradas en eventos deportivos, se modifica la Ley de Defensa de la Competencia, se eliminan todas las restricciones para la entrada de bienes de consumo en el régimen de equipaje, y se modifica la Ley de Financiamiento de la Educación.
“Por todo esto, los gobernadores de las provincias patagónicas, de todos los signos políticos, expresaron su rechazo a la reforma alertando de graves consecuencias económicas y sociales en caso de ser aprobada“, analizaron.
