Una delegación de la Misión de Solidaridad y Derechos Humanos arribó a la provincia de Jujuy, donde desde este viernes reciben testimonios de víctimas directas, familiares y testigos de la represión acontecida el pasado fin de semana largo.
En conferencia de prensa realizada esta mañana en la ciudad de San Salvador de Jujuy, la delegación informó que “permanecerá unos días recorriendo los territorios para recabar de primera mano los testimonios de víctimas, testigos y familiares de violaciones de derechos humanos”.
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A su vez, responsabilizaron “a la Policía de Jujuy al gobernador Gerardo Morales por la integridad física y mental tanto de quienes se acercan a brindar su testimonio como de la delegación“.
La advertencia la llevaron adelante luego de constatar “la presencia de vehículos no identificados tomando registro en el lugar donde la Misión esta llevando adelante la tarea de recolección de testimonios”, según indicaron en sus redes sociales tras la conferencia. En ese sentido, aseguraron: “No aceptaremos intimidaciones que pretendan condicionar a las víctimas que se acercan a aportar sus relatos.”
Por su parte, la coordinadora de la Misión de DDHH, Alicia Montoya, expresó: “Lo que ya hemos visto es de extrema gravedad y no hay nada que pueda negar lo que está filmado”. Al mismo tiempo que indicó que los datos recolectados por la delegación serán entregados en un informe preliminar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
El martes, luego de los violentos sucesos acontecidos en los alrededores de la Legislatura provincial y en distintos barrios de San Salvador de Jujuy, la CIDH emitió un comunicado en el que señaló “con preocupación las acciones que se llevan a cabo para disolver a las protestas”, y manifestó que “Argentina debe respetar estándares de uso de la fuerza provincial durante las protestas en Jujuy”.
Lo propio hizo también el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos (ACNUDH), Jan Jarab, quien denunció “atropellos de derechos y acciones violentas”, y le envió una carta al gobernador de Jujuy, solicitándole “una reunión con el fin de abordar el impacto que la implementación de la reforma constitucional provincial adoptada puede tener en el ejercicio de los derechos humanos”.
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