Las aclaraciones no tienen buena prensa, como decía el poeta criollo, “no aclare que oscurece”, pero los senadores apelaron a ellas, como para ponerse a resguardo de las críticas que se levantaron en las últimas horas previas a la sanción de la ratificación del decreto.
Luego de pasar subrepticiamente sin mayores comentarios por la Cámara de Diputados, el decreto del gobernador Kicillof, que resisten algunos gremios, pues intuyen que podría ser la puerta de ingreso a la “armonización previsional” en la provincia de Buenos Aires, fue sancionada por unanimidad de la totalidad del Cuerpo, en el Senado provincial.
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El senador opositor Andrés De Leo señaló que la ratificación del decreto 261/2020 “activa una cláusula que causa una genuina preocupación” en los trabajadores públicos que realizan sus aportes previsionales al IPS.
El senador bahiense recordó el temor a “la armonización” que pulula en diferentes sectores de la ciudadanía, pero al mismo tiempo reparó en el artículo 40 de la constitución provincial, donde se establece que “el sistema de seguridad social para los agentes públicos estará a cargo de entidades con autonomía económica y financiera administradas por la Provincia con participación en las mismas de representantes de los afiliados”.
Pero el lado del oficialismo, fue el senador Marcelo Feliú, que adhirió a los conceptos vertidos por su par y ratificó que “no quedan dudas de la voluntad del Gobernador de no vulnerar ningún derecho “de los trabajadores bonaerenses”.
Y así, el proyecto de ley ratifica varios decretos del gobernador y otorga una serie de facultades extraordinaria en el marco de la pandemia fue sancionado por unanimidad.
Es precisamente esta inclusión en una ley ómnibus por la pandemia de un decreto que no tiene que ver con ella como es el caso del convenio suscripto el pasado 14 de abril entre la ANSES y el IPS, despertó mayor sorpresa o “preocupación”, según De Leo.
Desde los gremios dijeron lo suyo, “primero nos enteramos de la activación del convenio, luego del decreto que refrendaba ese convenio y ahora nos enteramos de una ley provincial que ratifica los términos de ese decreto que aprobaba “el Convenio Bilateral de Financiamiento entre la Administración Nacional de la Seguridad Social y la provincia de Buenos Aires”, a través del IPS.
Así se termina dando fuerza de ley a un “inocente” convenio, según los gremios, que se inserta en un entramado legal de alcances y posibilidades siempre discutibles, media biblioteca de un lado y media del otro.
Con fecha 16 de noviembre de 2017, se suscribió, entre el Estado Nacional, las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el Consenso Fiscal 2017, refrendado en la provincia por Ley N° 15.017 y Ley Nacional N° 27.429.
A su vez, el artículo 27 de la Ley N° 27.260, sustituido por la Ley N° 27.431, consolidó uno de los aspectos acordados en el referido Consenso Fiscal al instruir al Poder Ejecutivo Nacional a que, por medio del organismo pertinente, arribe a un acuerdo con las provincias cuyos sistemas previsionales no fueron transferidos al Estado Nacional a fin de compensar las eventuales asimetrías que pudieran existir respecto de aquellas jurisdicciones que sí hubieran transferido sus regímenes previsionales.
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