La polémica continúa en el distrito de Necochea luego de que el jefe comunal, Arturo Rojas, designara en su gabinete a Héctor Giglio, un ex comisario que estuvo vinculado con un caso de violencia policial donde Saúl Cannesa fue asesinado en 1992. Tras los primeros cuestionamientos de la familia de la víctima, ahora se le sumó la preocupación de los organismos de Derechos Humanos que concurrieron al Honorable Concejo Deliberante (HCD).
El intendente de Juntos por el Cambio, Rojas, se encuentra en el ojo de la tormenta desde que se formalizó el nombramiento de Giglio como Coordinador de Políticas Públicas de Seguridad. Dirigentes políticos y familiares de Cannesa –el joven asesinado a manos de la policía bonaerense- pusieron el grito en el cielo para advertir la situación. Además, los organismos de Derechos Humanos mostraron su preocupación y la controversia crece.
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El portal de noticias NdeN dio a conocer a que el Concejo Deliberante de Necochea recibió la presentación de la Comisión por la Memoria, Verdad y Justicia a nivel local a través de Daniel López. En la misma, el integrante del organismo también señaló que contó con el acompañamiento de H.I.J.O.S. y se reunió con varios bloques legislativos.
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Saúl Cannesa, asesinado por la policía bonaernese en 1992 (Foto: NdeN)
“Estamos tratando la designación del comisario retirado Héctor Giglio, participe en el caso de la detención arbitraria, tortura y muerte de Saúl Canessa. Trajimos nuestra preocupación como organización de DD.HH junto a H.I.J.O.S. por la designación de alguien que fue partícipe y donde no se lo declaró inocente sino que prescribió la causa por mal manejo de la Justicia. Mal manejo que derivó en una investigación de la Corte Suprema de la provincia de Buenos Aires sobre la jueza en ese momento, Marta Alicia Raggio por el mal manejo de la causa”, relató.
En ese sentido, aseguró que el asesinato de Canessa “fue un caso enmarcado dentro de la `Maldita policía`, la que por los mismo años mató a Miguel Bru en La Plata o al fotógrafo José Luis Cabeza”.
Luego de reunirse con los ediles, López contó que “los bloques de la UCR, el Frente Todos y Unidad Ciudadana consideran que moral u éticamente no debería haber un funcionario denunciado por violencia institucional”. Asimismo, se espera que el HCD interpele al intendente Rojas y emita un pronunciamiento.
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