El ajuste salvaje del gobierno nacional empieza a mostrar su cara más cruda en el interior bonaerense. Esta vez, el golpe lo recibió Azul, donde el frigorífico Devesa echó a 40 trabajadores, y la cifra podría llegar a 150 si la situación no se revierte.
Las causas de esta tragedia laboral hay que buscarlas en la caída sostenida del consumo interno y en la desregulación brutal del sistema sanitario nacional, que dejó al sector en la cuerda floja.
Mientras la administración de Javier Milei pregona libertad de mercado, en la práctica se asiste a un desmantelamiento institucional que empuja a la industria frigorífica a un colapso anunciado.
La motosierra llegó a Azul
En Devesa, uno de los establecimientos más relevantes de la provincia de Buenos Aires, que opera bajo la marca comercial Devesa Azul Natural Beef, el panorama es desolador. El desplome del poder adquisitivo y la abrupta caída del consumo de carne, que ya suma 16 meses consecutivos en baja, dejó sin sustento a cientos de familias bonaerenses.
A este cuadro se le suma un desplome del 20% en las exportaciones y la pérdida de mercados clave, como México.
Hace dos meses, una auditoría del Senasica (el servicio sanitario mexicano) detectó fallas graves en los controles sanitarios de Senasa, el organismo argentino encargado del status higiénico-sanitario de los alimentos. El resultado fue el cierre del mercado mexicano para diez frigoríficos, entre ellos el de Azul.
La Justicia respaldó a los aeronáuticos y frenó el intento del Gobierno de limitar el derecho a huelga
La Cámara del Trabajo ratificó una sentencia que frena el DNU 340/2025 y protege el derecho a huelga del personal aeronáutico frente al intento del Gobierno.
Se trata de una empresa familiar de tercera generación que emplea a unos mil trabajadores en total y que durante varios años consecutivos, ganó premios en el World Steak Challenge y se consagró con el mejor bife del mundo.
Esta decisión fue consecuencia directa del vaciamiento del Senasa, producto del plan de ajuste —o “motosierra”, como lo llama el propio Milei— que redujo al mínimo los recursos y los controles, poniendo en riesgo la calidad de las exportaciones y, por ende, los puestos de trabajo. Gremios y especialistas ya venían alertando que los recortes en áreas clave del Estado traen consecuencias concretas para la vida de las y los trabajadores.
Desregulación y pérdida de mercados
El caso del frigorífico Devesa no es aislado. Carnes Pampeanas, por ejemplo, también fue sancionado por las autoridades mexicanas y debió parar su actividad durante una semana, otorgando licencias forzadas a su personal. En General Pico, otro establecimiento dejó sin trabajo a 90 personas en cuestión de días.
El golpe al bolsillo trabajador
Uno de los despedidos en Azul contó a medios locales: “Me echaron esta semana y lo que me ofrecieron de indemnización no me alcanza ni para dos meses. Con la situación del país, es prácticamente imposible conseguir trabajo”.
Su testimonio refleja la angustia extendida entre los trabajadores del sector cárnico, víctimas directas del desguace estatal y de una política económica que sólo parece beneficiar a los grandes exportadores.
A fines de febrero, el decreto presidencial 133/2025, firmado por Milei y el ministro Luis Caputo, habilitó la exportación de ganado en pie sin controles. Desde el Sindicato de la Carne de la Ciudad de Buenos Aires advirtieron que la medida pone en riesgo la fuente laboral de miles de trabajadores y trabajadoras, además de encarecer aún más el precio de la carne en el mercado interno.
Según un informe del gremio, esta decisión “favorece a un puñado de ganaderos en perjuicio del pueblo argentino”, y anticiparon que la menor oferta de carne faenada en el mercado local derivará en una nueva ola inflacionaria. En ese sentido, alertaron que se trata de “un golpe directo al bolsillo del pueblo y a los puestos de trabajo en la industria frigorífica bonaerense”.
En nombre de la libertad, Milei desata un modelo que deja a las provincias como Buenos Aires en situación de emergencia productiva y social. Los despidos en Azul no son un hecho aislado: son la consecuencia lógica de una política que privilegia los negocios concentrados mientras apaga, de a poco, el motor del trabajo argentino.
