El 1° de septiembre de 2022 padecimos uno de los mayores ataques a la democracia de nuestra historia. Un delincuente atentó contra la vida de Cristina Kirchner en la vía pública de la ciudad de Buenos Aires.
Lo peor no sucedió esa noche sino después: quedó a la vista una trama de ocultamientos y mentiras que confirman la debilidad del estado de derecho y la complicidad de jueces, fiscales y empresarios en contra de la voluntad popular.
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El espacio kirchnerista mostró un dictamen a pedido del constitucionalista Andrés Gil Domínguez en donde afirma que el matancero está habilitado a un tercer mandato en la Legislatura. Nueve días lo habilitarían. La Junta Electoral no respondió sobre la cuestión.
La Justicia, los medios y la dirigencia política debieran responder:
¿Quién movió el dedo de Sabag Montiel? Una organización estaba detrás del autor material del atentado.
¿Quién es el responsable del celular borrado? La cobertura judicial quedó en evidencia desde el primer minuto.
¿Por qué no se siguió investigando a Nicolás Caputo que financió las actividades políticas de Revolución Federal? Esa línea investigativa lleva a Macri directamente.
¿Por qué se instala en 24 horas, desde la oposición y algún dirigente oficialista, la teoría del lobo solitario sin ninguna prueba? Responsabilizar a un grupo de lúmpenes con ideas delirantes sería un palimpsesto de Fuenteovejuna, oportuno para dormir la causa.
¿Por qué la Corte Suprema de Justicia no facilitó los recursos para la investigación del ataque más bestial a la Democracia? Cuánto más lerda resulte la investigación menos probabilidades de llegar a la resolución existen y los cortesanos lo saben.
¿Por qué los medios de comunicación, sin grieta alguna, tratan el intento de magnicidio como un caso policial más tocando el tema solo cuándo hay novedades?
¿Por qué la AFI no pudo prevenir el ataque teniendo material que puso sobre la mesa tres semanas después del atentado? No se trata aquí de complicidad sino de una impericia alarmante para un organismo del Estado tan sensible.
¿Por qué se encubre la pista Milman, y a ocho meses recién secuestran los teléfonos de sus colaboradoras? Todos los caminos conducen a Bullrich.
¿Por qué nadie hace mención que el perito informático que borró las pruebas de los teléfonos de las secretarias de Milman ejerció desde el 2016 al 2019 como Director de Tecnología del Ministerio de Seguridad de la Nación siendo Patricia Bullrich ministra?
¿Quiénes ganan con la impunidad?
No es un relato de un caso policial. No es discutir el pasado. No es revisar anécdotas.
Es evidente que una organización intentó asesinar a Cristina Fernández de Kirchner, la actual vicepresidenta de la Nación y dos veces presidenta elegida por el voto popular.
La Justicia no investiga porque mantiene connivencia con los sectores de la política que se expresan mediante la violencia, avalando con su inacción la debilidad democrática llegando al sumun con la suspensión de elecciones provinciales. Una parte de la Justicia argentina es cómplice del intento de matar a la Democracia.
El lawfare ha llegado al punto de deshumanizar y naturalizar la muerte del adversario político en la Argentina. Claro, la Argentina tiene historia en esta suerte ser los mejores en las demandas del Norte, ya lo vivimos con la Escuela de las Américas que nos costó 30 mil desaparecidos y otros tantos miles de muertes para aplicar el programa económico de expoliación que necesitaba el imperio. Hoy la última barrera de contención para evitar que la historia se repita en este caso con el objetivo de nuestros recursos naturales y la Argentina como pieza fundamental en el juego geopolítico de USA es Cristina Fernandez de Kirchner.
No investigar ni condenar el hecho más violento desde la recuperación democrática es naturalizar la muerte como alternativa de disputa política.
Por eso no es un caso policial más. Este intento de asesinato rompe las reglas de convivencia democráticas pactadas por todo el pueblo de la Nación en 1983 cuando dijimos NUNCA MÁS.
No conformes con esto el Partido Judicial intervino directamente el funcionamiento del federalismo, ignorando la Constitución Nacional y avasallando el derecho soberano de los pueblos de las provincias suspendiendo elecciones. El preludio o la amenaza de PROSCRIPCIÓN a Cristina se ha materializado esta semana.
La vicepresidenta ha manifestado taxativamente que no será candidata para no exponer a nuestra fuerza política a los designios de los jueces corruptos que constituyen una Corte deslegitimada.
La bala que no salió ha matado a la Democracia en sus primeros 40 años ininterrumpidos.
* La autora es Licenciada en Letras y presidenta del Instituto Independencia.
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