El juez federal de Dolores Alejo Ramos Padilla procesó a los extitulares de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) en el Gobierno de Mauricio Macri, Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, por maniobras de espionaje ilegal en la provincia de Buenos Aires.
Más precisamente, los ex AFI fueron procesados como presuntos coautores de “acciones de inteligencia prohibidas” y “abuso de autoridad” por espionaje ilegal en la provincia, es decir, ser los responsables de una red de espías.
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El juez Ramos Padilla describió en el fallo de casi mil páginas que “existía una directiva de carácter general” que ordenaba a los agentes de la AFI “realizar inteligencia ilegal emanada de la máxima autoridad del organismo”.
Asimismo, para el juez de Dolores hubo “órdenes concretas para investigar ilegalmente a las agrupaciones, movimientos y actividades contrarias a los intereses políticos o electorales de la entonces gestión de gobierno, que fijaba los parámetros específicos de producción de información que era de interés recopilar”.
Según la descripción de Ramos Padilla, “El llamado ‘Proyecto AMBA’ de la Agencia Federal de Inteligencia consistió en la instalación de seis bases de inteligencia en el conurbano bonaerense, en las zonas de Ezeiza, San Martín, Haedo (Morón), Pilar, La Matanza y Quilmesdesde mediados del año 2016, a las que se sumaron también las delegaciones históricas con asiento en las ciudades de La Plata, Mar del Plata y Bahía Blanca, que pasaron a depender de la Dirección de Reunión Provincia de Buenos Aires y conformaron la estructura de inteligencia de la AFI en esa provincia durante el año 2017″.
En efecto, la decisión incluyó embargos de 20 millones de pesos para los dos exfuncionarios, quienes ya habían sido procesados por otros hechos de inteligencia ilegal el 5 de agosto último, en la causa que investiga el juez federal de Lomas de Zamora Juan Pablo Auge.
En la misma resolución Ramos Padilla procesó a otros 9 exagentes de la AFI, por considerar consideró queno sólo Arribas y Majdalani, sino todos los procesados son coautores de los delitos “en virtud de haber obtenido información, producido inteligencia y almacenado datos sobre personas, por el solo hecho de sus acciones privadas, u opinión política, o de adhesión o pertenencia a organizaciones partidarias, sociales, sindicales o comunitarias”.
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