El oficialismo definió la fecha para el tratamiento de la Ley de Ficha Limpia en la Cámara de Diputados. Aunque inicialmente se había pautado para el martes 12 de febrero, la sesión fue trasladada al miércoles 12 a las 10 de la mañana, un horario poco habitual para debates de esta magnitud. La decisión generó suspicacias entre los opositores, quienes ven en esta iniciativa una herramienta diseñada para impedir la candidatura de la ex presidenta Cristina Kirchner en futuras elecciones.
El proyecto impulsado por el bloque de La Libertad Avanza (LLA) plantea la inhabilitación de personas con condenas en segunda instancia por delitos vinculados a la corrupción, como fraude, tráfico de influencias, enriquecimiento ilícito, negociaciones incompatibles con la función pública y encubrimiento. La restricción regiría incluso sin una sentencia definitiva de la Corte Suprema, lo que refuerza las críticas sobre una posible violación del principio de inocencia y la utilización de la Justicia como un instrumento de depuración política.
Un punto clave del proyecto es la llamada “cláusula Petri”, que establece que la inhabilitación solo se aplicará si la condena fue dictada antes del 31 de diciembre del año previo a la elección. Esta disposición genera fuertes cuestionamientos, ya que permitiría que un fallo emitido a partir del 1 de enero de 2025 no impida una candidatura en ese mismo año, mientras que otro dictado en diciembre de 2024 sí tendría efecto. “Los jueces van a jugar con los plazos y definir las listas”, advirtieron desde la oposición.
Desde el bloque de Unión por la Patria, varios diputados sostienen que la intención de esta normativa es clara: bloquear la participación de Cristina Kirchner en los próximos comicios. “Están utilizando cualquier mecanismo disponible para sacarla de la cancha. Es un intento descarado de proscripción”, denunció un legislador del espacio, quien también señaló que la Justicia Federal, en particular Comodoro Py, tendría un poder desmedido sobre la definición de las candidaturas.
Un escenario de tensión en la votación en particular
El proyecto de La Libertad Avanza cuenta con el respaldo del PRO, pero también existen otras iniciativas presentadas por bloques como Unión por la Patria, Encuentro Federal, Democracia para Siempre y el Frente de Izquierda. Estas propuestas difieren en puntos clave, como la necesidad de una condena firme de la Corte Suprema, la inclusión de delitos adicionales como el narcotráfico y la prohibición de que los condenados accedan a cargos en empresas estatales como YPF.
Las diferencias entre los dictámenes podrían generar un escenario caótico durante la votación en particular, ya que cada artículo deberá ser aprobado por 129 votos. En este contexto, el rechazo de varios bloques a la cláusula Petri podría dejar sin efecto el intento de condicionar las candidaturas con plazos arbitrarios. Según estimaciones, los votos en contra de Unión por la Patria (98), Democracia para Siempre (11), el Frente de Izquierda (6), un sector del radicalismo y Encuentro Federal (16) sumarían más de 130, lo que podría frustrar la iniciativa.
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A pesar de la resistencia, el oficialismo parece tener garantizado el quórum necesario para dar inicio al debate, con el respaldo de sus aliados del PRO, el MID, Independencia, Innovación Federal y la UCR. La Coalición Cívica ha firmado con disidencias, mientras que Encuentro Federal y Democracia para Siempre han presentado proyectos propios. Sin embargo, el verdadero desafío para el gobierno será alcanzar un consenso sobre el texto final que obtenga la media sanción.
