El Senado de la Nación autorizó el pedido judicial para llevar delante los allanamientos en los domicilios de Cristina Fernández de Kirchner en Río Gallegos, El Calafate y Buenos Aires. Los legisladores ya contaban con el aval de la ex mandataria que ayer presentó una nota en la reunión de labor parlamentaria del Senado, y difundió la misma en su página web. En el escrito, Cristina dejó constancia que acepta los procedimientos.
Es que la semana pasada, la Cámara Alta no pudo reunir el quórum necesario para el tratamiento en el recinto, sólo faltó la presencia de un senador para lograrlo. Por lo que Gabriela Michetti debió levantar la sesión. Hubo 36 senadores sentados y faltó uno solo, ya que con 37 se iniciaba la discusión. Hoy, con quorum garantizado, la Cámara avanzó.
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Los procedimientos se dan en el marco de la investigación que lleva adelante el juez federal Claudio Bonadío a partir de la aparición de los cuadernos del ex chofer, Oscar Centeno. Lo que busca la justicia es corroborar los dichos de testigos en la causa y ya advirtió que no responderá a los requerimientos de la Senadora porque, según manifestaron, no es potestad del Congreso determinar los pasos a seguir de un operativo.
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El espacio kirchnerista mostró un dictamen a pedido del constitucionalista Andrés Gil Domínguez en donde afirma que el matancero está habilitado a un tercer mandato en la Legislatura. Nueve días lo habilitarían. La Junta Electoral no respondió sobre la cuestión.
Ayer en distintos puntos del país marcharon para pedir el desafuero de Cristina Kirchner, con consignas como “Presa la queremos”, “No vuelven más”, “Argentina sin Cristina” y “devuelvan lo robado”. La convocatoria se difundió por redes sociales y fue alentada por un grupo de funcionarios y dirigentes del oficialismo. Se pide además por la Ley de extinción de dominio de bienes.
Al inicio de la sesión, el senador oficialista, Eduardo Costa, pidió que se discuta su proyecto sobre la exclusión de Cristina Fernández del Senado por “inhabilidad moral”. Si bien es poco probable que sea tratado en el recinto, tensionó el clima en la previa.
La decisión divide al bloque justicialista que preside Miguel Pichetto y del cual depende la aprobación de tal iniciativa. Si bien, el senador emitió un comunicado donde sostuvo: “Ratifico la posición que públicamente he planteado en el sentido de que el pedido de allanamiento, una vez que el juez amplió sus fundamentos resolutivos, no debe ser trabado toda vez que se trata de una medida de prueba y no se puede impedir la prosecución de la investigación”, hay expectativa por la resolución.
A pesar de eso, el senador se opone a un eventual desafuero hasta que exista una condena firme sobre CFK y dio “libertad de acción” al resto de los integrantes del bloque.
Esta mañana en diferentes ciudades del país, las calles amanecieron con múltiples pintadas para respaldar a Cristina y presionar a Pichetto, al igual que las redes sociales que fueron inundadas con consignas en contra y a favor de los allanamientos.
“Es la nueva estrategia regional para proscribir dirigentes, movimientos y fuerzas políticas que ampliaron derechos y permitieron salir de la pobreza a millones de personas durante la primera década y media del siglo XXI“, escribió la expresidenta en Twitter, donde siguió: “Hoy, Bonadío vuelve a citarme a indagatoria acusándome de ser la jefa de una nueva asociación ilícita. Esta vez con los principales empresarios de la construcción. Ya voy por la cuarta organización delictiva. Eso sí, siempre soy la jefa”.
Miguel Pichetto, tomó la palabra la semana pasada luego de conocer que no habría tratamiento y ratificó su postura: “El allanamiento es un procedimiento de prueba, la investigación es instructoria, preliminar. Hemos manifestado en el dictamen que apoyamos, se debe hacer, se trata de una senadora nacional que está cumpliendo su mandato y una ex presidenta. Resolvimos no acceder al ingreso a las oficinas de este Senado que nada tienen que ver con el caso investigado”.
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