El gobierno bonaerense dictó el decreto 243/218, que modifica totalmente el sistema anterior y establece un régimen de Código Único de Descuento para organizaciones gremiales, mutuales, cooperativas, donde el Estado provincial, como empleador, debe retener de los afiliados aportes y cuotas de los distintos sistemas.
El decreto trajo alerta y preocupación en los sindicatos y distintos movimientos sobre el tablero. “Se crea este Código Único de Descuento, donde establece una serie de requisitos, a nuestro entender, innecesario y sobreabundante. Complica el accionar de las organizaciones gremiales”, le dijo a INFOCIELO, Jorge Baldovino, Secretario General de AERI, sindicato integrante de la Federación de Gremios Estatales y Particulares de la Provincia de Buenos Aires (Fegeppba).
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“Hemos iniciado desde Fegeppba una demanda laboral, en reclamo de un amparo sindical. Porque a entender nuestro, este decreto está violando la Ley de Asociaciones Sindicales 2351, que en el Artículo 38 expresa que para que aquellos gremios que tienen personería gremial, los empleadores están obligados a retener las cuotas de afiliaciones y otros aportes, y es el Ministerio de Trabajo de la Nación, no una autoridad administrativa provincial, los que son competentes para resolver sobre el tema”, agregó el gremialista.
Desde los gremios en general, pese a estas cuestiones, se quejan que el gobierno bonaerense siguió avanzando con la medida. Dato no menor, el Ministerio de Economía bonaerense dictó una resolución reglamentaria N° 273, para que esa cartera se transforme en la autoridad de aplicación de ese decreto.
“Este obliga a todos los gremios, mutuales a todas las entidades comprendidas a solicitar códigos de descuento a presentar toda la documentación nueva con anterioridad al 3 de agosto, bajo la advertencia de no otorgar los códigos de descuento”, advirtió Baldovino.
Bajo ese ese escenario, los gremios integrantes de Feggepba presentaron una medida cautelar en el Tribunal de Trabajo N° 2 y anunciaron que “independientemente” de esa movida, ellos “cumplieron y presentaron toda la documentación que requirió la nueva norma”.
“Pero acá lo que se está discutiendo, fundamentalmente, es que el Estado provincial no tiene facultad para otorgar o no código de descuento, sino que está obligado a retener la cuota por imperio de la ley. La ley nacional está por arriba de cualquier decreto o resolución”, adujeron.
Sobre ese plano, se quejan de que el decreto “fue absolutamente inconsulto”, que “no se conversó con las organizaciones gremiales”.
“Es un tema que en otras oportunidades se ha discutido con los gremios. Nosotros entendíamos que el sistema anterior había que corregirlo, pero no invadiendo competencias”, protestó Baldovino.
Para graficar mejor la situación, cabe destacar qué es un código de descuento. Es el sistema que el empleador, e este caso el Estado bonaerense, está obligado a descontar de los sueldos de los afiliados de cada organización gremial el aporte a la cuota sindical, a la obra social y a otros rubros.
El Estado provincial retiene ese aporte. Una vez que se hizo el pago de sueldos, se deposita a las organizaciones gremiales habilitadas para ese rubro a las cuentas oficiales los importes de afiliaciones, cuota sindical y otros aportes.
Por lo bajo, sostienen que Provincia quiere “desregular el papel del Estado sobre el código de descuento” y apuntan a que “quieren que sea voluntario”. “Esto apunta a un gestar una desfinanciación de los gremios”, afirman.
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