El intendente de Pinamar, Martín Yeza, de Cambiemos, deberá explicarle a la Justicia qué pasó con unos 12 millones de pesos que abonó a una empresa para que lleve a cabo obras en la Avenida Bunge, a partir de que dirigentes opositores detectaran que ésta no llevó a cabo las obras comprometidas, a pesar de que le fueron abonadas.
La denuncia corre por cuenta del diputado nacional Rodolfo Tailhade y del concejal Gregorio Estanga, y versa en torno al posible desvío de más de 12 millones de pesos, de un total de 33.5 millones, correspondientes a la “intervención urbana” de la Avenida Bunge, que se adjudico a la firma Ashoka Construcciones.
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La obra tienen financiamiento de Nación y hasta septiembre del año pasado, siempre según los denunciantes, se habían abonado 25 millones, es decir el 75% del total, a pesar de que los avances, según trabajos de auditoría, no registraban más de 50 por ciento.
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“Los valores reales de ejecución de la obra están por debajo del 50% de los montos con los que se pagaron los certificados de avance de obra. Es decir, lo efectivamente gastado por Ashoka Construcciones S.A. fue la mitad de lo que le pagó el municipio de Pinamar con fondos nacionales”, aseguran Tailhade y Estanga en la presentación judicial.
“La investigación determinará qué ocurrió con la mitad de los fondos que envió la Nación para la obra, si se destinaron a otra cosa o si fueron sustraídos, pero lo cierto es que en las obras del centro de la ciudad de Pinamar no están”, remarcan los legisladores.
Entre las irregularidades detectadas aparece, por ejemplo, que por las tareas de contención de médanos se certificó por $ 1.393.800,54 millones, pero lo realmente ejecutado por la empresa fue $ 444.917; por la compactación de base para solado nuevo se certificó por $ 576.614,42, y en realidad se verificó un gasto de $ 42.726; de las 72 luminarias cuya instalación fue certificada -y cobrada- por $ 444.344, la realidad indica que se se colocaron sólo 14 unidades; el césped “Bermuda” fue presupuestado en $ 1.331,53 el metro cuadrado, para un total de $ 3.346.134, que se certificó y pagó en su totalidad pero se corroboró que el producto colocado es de mucha menor calidad que el presupuestado.
La denuncia recayó en el Juzgado en lo Criminal y Correccional Federal N° 1, a cargo de la doctora María Romilda Servini de Cubría. Los propios denunciantes concurrirán allí a la brevedad para declarar, ratificar la denuncia y aportar documentación respaldatoria, según comunicaron.
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