La Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires (ARBA) instrumentó un nuevo plan de pagos que regirá desde el 18 de agosto hasta el 31 de diciembre de 2020 y posibilitará a quienes hayan tenido caída de ingresos, debido a las dificultades generadas por la pandemia, regularizar impuestos vencidos este año.
Cristian Girard, director de ARBA, explicó que “el plan de pagos forma parte del programa de asistencia tributaria que impulsó el Gobernador Kicillof para acompañar y sostener a los contribuyentes bonaerenses afectados por la crisis que generó el Covid-19, en especial las pymes, comercios, microempresas, autónomos y demás sectores medios”.
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El régimen de regularización, publicado en el Boletín Oficial, abarca deudas de los impuestos sobre los Ingresos Brutos, Inmobiliario (en su componente básico) y Automotores, siempre que no se encuentren en instancia de fiscalización, determinación o discusión administrativa, ni en proceso de ejecución judicial.
“Los contribuyentes que hayan tenido problemas para mantener su nivel de ingresos podrán pagar en 12 cuotas sin interés o bien en hasta 18 a tasa fija. El plan incluirá deudas vencidas entre el 1° de marzo y el 30 de noviembre de 2020, lo que permitirá abarcar la mayor parte de los vencimientos de este año”, detalló Girard.
Para acceder al programa de regularización, que se tramita directamente por internet desde arba.gob.ar, hay que ser contribuyente del Impuesto sobre los Ingresos Brutos y estar inscripto en el registro “ActiBA” en la web del Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica de la provincia de Buenos Aires, o bien en el “Agro Registro MiPyMES” del Ministerio de Desarrollo Agrario bonaerense.
Este programa de regularización para deudas generadas durante la pandemia se suma a otros beneficios impositivos implementados por ARBA en las últimas semanas, como la ampliación del plan permanente de pagos y las bonificaciones de hasta 50% en Ingresos Brutos para contribuyentes de 206 actividades económicas.
Las medidas de asistencia tributaria también prevén la reducción de alícuotas en regímenes de retención y percepción; mejoras en el proceso de devolución de saldos a favor; y otros beneficios destinados a aliviar la situación financiera de las empresas que actúan como agentes de recaudación.
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