En el marco de la problemática de la salud pública, el Gobierno de Axel Kicillof se encontró también con la delicada situación económica de las clínicas privadas de la Provincia de Buenos Aires. Los tarifazos, los aumentos del dólar y el revalúo inmobiliario, explicaron desde el sector, dejaron a estas instituciones al borde del nocaut.
A nivel bonaerense, se trata de universo de unas 350 clínicas y unos 80 mil empleos directos, sin contar a los profesionales de la salud ni a los proveedores. Su importancia, no obstante, radica en que explica el 47% de las atenciones e internaciones totales. Es decir, una dimensión que sería inabarcable por los hospitales estatales en el corto plazo.
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Según pudo reconstruir este portal, los dirigentes de FECLIBA –entidad mayoritaria con casi 300 clínicas- y ACLIBA se encuentran en plena negociación con las nuevas autoridades del Ministerio de Salud por esta poblemática y las “expecativas son buenas”.
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Tras haber votado a favor de la ley, el jefe del bloque PRO justificó ahora el veto presidencial y descartó insistir con la emergencia en el Congreso.
Sin tener una actitud totalmente alarmista, desde esas entidades afirman que “hay clínicas que no se pueden sostener más y están al borde del cierre”.
Cuando uno de estos sanatorios llega al límite de sus posibilidades, hay dos opciones: el fin de sus actividades o la aparición de inversores por fuera de la medicina, lo que genera el cambio de las prioridades y le agrega opacidad al rubro.
Con respecto a la deuda de IOMA, el panorama no es tan complejo. La demora de la obra social estatal sería del 25% de diciembre, mora que ya entró en la discusión con la flamante gestión. La aprobación de la emergencia sanitaria fue leída como un gesto.
Según sus propios cálculos, las clínicas tienes un atraso del 48% con respecto a lo que gastan –en promedio- por paciente y lo que reciben de las obras sociales (estatales como IOMA o PAMI o sindicales) y prepagas.
Esta diferencia se explica, principalmente, por tres variantes relacionadas con el modelo macrista: el aumento de tres o cuatro veces de los servicios básicos, principalmente la luz; las dos fuertes subas del dólar, que impactaron en el valor de los insumos de todo tipo; y el revalúo inmobiliario aplicado por María Eugenia Vidal.
En paralelo, está la cuestión salarial. Por un lado, los trabajadores buscan que sus salarios no pierden con la inflación, y por otro, los médicos reclaman que suceda lo mismos con sus honorarios.
“Somos un rubro de con mano de obra intensiva con empleados las 24 hora los 365 días del años”, advirtió a este medio un dirigente con responsabilidad gremial. “Somos proveedores pero no formadores de precios”, completó.
“Nos estamos viniendo abajo, así no podemos mantener la calidad de salud necesaria”, señaló a INFOCIELO uno de los dueños de una clínica de La Plata, quizá más preocupado. La misma fuente también se quejó de “la burocracia” y “el nivel de detalle” del Estado para aprobar los pagos y prestaciones. EA
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