El abuso sexual de una niña de 11 años conmocionó al Partido de Rivadavia. La menor de edad, ya lleva un embarazo de 8 meses de gestación y ahora la comunidad se pregunta por qué se demoró tanto tiempo en denunciar el hecho.
Pero en el distrito del oeste bonaerense, la polémica se acrecentó aún más luego de que el intendente municipal, Javier Reynoso, considerara que el lamentable hecho se enmarcaba en un “asunto familiar” y hasta llegó a considerar que se trataba de un “desafío cultural” a erradicar.
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Similares fueron las declaraciones del ex diputado nacional, Sergio Buil, quien es nativo en de la localidad de América. “No conozco el caso directamente, hay cuestiones culturales diferentes. Cuando viene una familia que no es de nuestro distrito, viene de otro lugar donde las costumbres son diferentes”, sostuvo el ex legislador de Juntos por el Cambio.
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A su vez, Buil dijo que “no compartía las manifestaciones” que se habían realizado en la ciudad en pedido de justicia, porque generaba una “revictimización de la niña”. “Lo que sucede intra familiarmente, es muy difícil de detectar”, añadió.
En tanto, desde la oposición salieron al cruce de las afirmaciones del intendente y del ex legislador, considerando que en el caso, el Estado municipal se estaba “desentendiendo” de una problemática grave.
“No puede ser que el Estado solamente asista con materiales o con mercadería y después se desentienda de todo lo que sucede en una casa, en un vecindario. La verdad es que ahí vemos una falla importante”, dijo el Concejal del Frente de Todos Sebastián Hernández.
El hecho generó repudio, a lo que se sumó las declaraciones del intendente y el ex diputado. Por esta razón, la organización feminista “Red Sorora de Rivadavia” convocó a una manifestación en el cual se reclamó por la aplicación de la ley de Educación Sexual Integral (ESI) y se exigió que se lleven a cabo las políticas públicas para la protección de niños, niñas y adolescentes.
“Este no es un caso aislado”, exclamaron y pidieron que se cree un Área de Género en la localidad, para que se aplique la Ley Micaela que obliga a la formación en Género de todas las autoridades municipales.
Tras la denuncia, las autoridades de Salud del municipio derivaron a la niña a la ciudad de Junín, en donde la menor se encontraría estable. Por el caso, se encuentra detenido un familiar directo de la menor y también se señaló como posible cómplice a la abuela de la niña.
Al momento, organismos nacionales y provinciales se están ocupando del tema para garantizar que se cumplan los derechos y la atención de la niña de 11 años.
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