La diputada Maricel Etchecoin, primera figura de la Coalición Cívica Bonaerense, presentó un proyecto de ley para crear en el ámbito de la Provincia la figura del “imputado arrepentido”, ya que la considera clave para luchar contra la corrupción. La figura permite regular acuerdos de colaboración entre “el imputado arrepentido y el Fiscal para delitos de corrupción, tráfico de drogas y asociación ilícita”.
La iniciativa marca que “el arrepentido deberá ofrecer una reparación o restitución de los bienes objeto del delito; a su vez, indicar las cuentas o sociedades utilizadas para el delito”, lo cual permitiría “revelar la identidad de autores o cómplices y recuperar los bienes robados”.
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Para eso se requiere una modificación del Código Procesal Penal de la provincia de Buenos Aires, de manera de habilitar la celebración de los acuerdos entre fiscales e imputados, que tienen condiciones bastante precisas.
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Por ejemplo, el imputado debe brindar “información precisa, comprobable y útil para evitar la consumación del delito o la perpetración de otro, revelar la identidad de coautores, partícipes o encubridores de los hechos investigados, permitir la recuperación de bienes producto de la comisión de los determinados delitos o revelar la estructura jerárquica o división de tareas para la comisión de los delitos”.
En el ámbito de la Nación, la figura del arrepentido está en vigencia y hasta se diría que en auge. De hecho, es la herramienta a la que echan mano el juez federal Claudio Bonadío y el fiscal Carlos Stornelli para avanzar en causas vinculadas a la corrupción del Gobierno anterior.
En la célebre causa de los cuadernos, por ejemplo, la falta de documentación original se suple con los testimonios de empresarios y exfuncionarios que dan detalles de las maniobras. Este procedimiento, claro, no está exento de polémica, de hecho sus derivaciones -o excesos- generaron la causa sobre espionaje ilegal que lleva a cabo el juez de Dolores Alejo Ramos Padilla.
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