Sigue la guerra libertaria contra el empleo público, entre el alerta y el paro

El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, anunció "el fin del empleo público hereditario". La medida se oficializó este lunes con la salida del Decreto 959/24. ¿Nuevo capítulo en el conflicto con los trabajadores estatales?

Según cifras del propio Gobierno Nacional, en estos 10 meses ya se recortó el 15 por ciento de la planta del personal público. A esto se le sumó recientemente la intimación para que se jubilen "sin demoras aquellos empleados que están en edad de retiro". Ahora, "se profundiza la estrategia de racionalización del tamaño del Estado".

De acuerdo a la norma publicada en el Boletín Oficial de este lunes, desde hoy "no se admitirá para acceder a un empleo en el ámbito del Sector Público Nacional en los términos del artículo 8° de la Ley N° 24.156 ningún privilegio, ventaja o beneficio sustentado en vínculos hereditarios, cualquiera sea la modalidad de contratación".

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Una docena de gremios de trabajadores estatales se declararon en estado de alerta y movilización.

El Decreto, que invita a las provincias a adoptar medidas similares, le da 30 días a todos los organismos a "adecuar la normativa". Algunos de los entes que deben adaptarse son Ferrocarriles Argentinos, YPF, Banco Nación, Banco Central, ANSES y la ex AFIP.

Los gremios de estatales en alerta

Un día antes de que el Gobierno Nacional anunciara esta medida, unos 12 gremios que nuclean a trabajadores estatales se declararon en estado de alerta y movilización. Fue durante una reunión realizada en la sede de UPCN donde decidieron "generar acciones" en los próximos días.

Menos paciente, la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) convocó a un paro de actividades para esta semana. Será de 36 horas y empezará mañana martes para luego confluir con la protesta anunciada por los gremios del transporte.

La eliminación de los beneficios hereditarios en el empleo público prometen abrir un nuevo conflicto con los sindicatos. Es que el decreto, en su artículo tercero, establece que la Secretaría de Trabajo "no podrá homologar" convenciones colectivas de trabajo que se opongan a esta medida.