Las privatizaciones bajo la lupa: el costo asumido por el Estado y la artimaña del RIGI
Un observatorio independiente analizó el proceso de privatizaciones encarado por el gobierno de Javier Milei y encendió las alarmas.
A casi 11 meses de gestión, el Gobierno Nacional de Javier Milei está avanzando firmemente con las privatizaciones. Aerolíneas Argentinas y Belgrano Cargas son los ejemplos más candentes de estos días. En todos los casos, el argumento es el déficit fiscal.
Sobre esto, el Observatorio de Coyuntura Internacional y Política Exterior (OCIPEX) publicó un informe titulado "¿Se puede privatizar la Argentina?" en el que analiza con lupa los pasos que dio la administración libertaria sobre las empresas estatales. En principio, se aclara que dichas compañías "pueden cumplir un rol fundamental para conducir un proceso capitalista donde se distribuya la riqueza de forma más justa y se garantice un desarrollo económico".
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Actualmente, el Estado nacional tiene participación en más de 100 empresas y en 34 de ellas es dueño o accionista mayoritario. De las 32 que presentan su información contable a la Oficina Nacional de Presupuesto se desprende que 21 terminaron el 2023 con superávit financiero.
Hasta que llegó Milei: al primer trimestre de 2024 ese número había bajado a 12 y muchas empresas tuvieron caídas pronunciadas en sus ventas: Aerolíneas Argentinas un 28 por ciento, Tandanor 58 por ciento, entre otros ejemplos. Como contrapartida, AySA y Trenes Argentinos incrementaron su facturación gracias a los aumentos tarifarios.
Despidos antes de privatizar
Deesde el OCIPEX sostienen que "la eficiencia de una empresa pública debe ser medida objetivamente a la luz de los resultados económicos y sociales esperados, y no solamente desde su superávit financiero". Sin embargo, el Gobierno Nacional sigue con su cruzada privatista, pero antes de vender las compañías está avanzando con costosas medidas.
Como muestra la imagen de más arriba, en los últimos meses se han cesanteado a casi 9 mil empleados de unas 17 compañías del Estado nacional. Esto, además de generar más desempleo, tuvo un costo de 220 millones de dólares, de acuerdo con el relevamiento del observatorio. Ese gasto lo asume el Estado para luego dejarle el camino allanado al sector privado.
El paso siguiente sería traspasar esas compañías a manos privadas. En este punto, el OCIPEX también hizo un reparo: "El gobierno pretende beneficiar a los compradores privados incluyendo a las las empresas privatizadas como 'inversiones' alcanzadas por el RIGI".
Se trata del polémico Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones que ya está en marcha y contempla beneficios impositivos y cambiarios para empresas que presenten proyectos equivalentes a 200 millones de dólares. Esto implicaría que el Estado tampoco se beneficiaría de la actividad económica posterior a la privatización.
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